La Comisión de Gobierno del Senado aborda los avances del «Plan Escudo Fronterizo» principal bandera del actual presidente
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, presidida por la senadora Danisa Astudillo, se abocó a conocer antecedentes sobre el Plan Escudo Fronterizo.
Durante la sesión se lamentó la ausencia de autoridades y surgieron dudas sobre las diferentes cifras existentes. Con todo, el subsecretario del Interior remarcó que el Plan de Fortalecimiento de la macrozona norte “es más que la construcción de una zanja”.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalizaciónvse abocó en el marco del estudio del proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país (boletín 15261-25) y para complementar la información solicitada vía oficio por la instancia especializada.
Las senadoras Danisa Astudillo y Loreto Carvajal lamentaron la ausencia del ministro del Interior y del Comisionado para la Macrozona Norte y recalcaron que “se han dado todas las facilidades para la concurrencia, incluyendo 3 sesiones a la semana”.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, comprometió para la próxima semana la presencia del Comisionado Presidencial para la macrozona norte, vicealmirante (r) Alberto Soto, oportunidad en la que se ahondaría sobre la materia.
En esta línea, recordó que el 11 de marzo se formalizó la existencia de un Comisionado Presidencial, con un rol de asesoría para proponer medidas concretas, en el macro del control de fronteras que no sustituye a la autoridad migratoria.
El subsecretario del Interior Pavez aclaró que el Plan de Fortalecimiento de la macrozona norte se basa en tres ejes: control del movimiento transfronterizo (terrestre y marítimo); mejoramiento de la gestión fronteriza; y política migratoria y reforzamiento legislativo e institucional.
Con todo, el subsecretario presentó un balance que destaca una reducción del 79% en ingresos irregulares y un avance de 12 kilómetros (lineales) en la construcción de zanjas.
En cuanto a las estadísticas, destacó que entre el 11 de marzo y el 6 de mayo de 2026 las denuncias por ingreso por pasos no habilitados disminuyeron un 79,3% en comparación al mismo periodo de 2022.
Por otro lado afirmó que, bajo la actual administración, se han contabilizado 330 expulsiones hasta la fecha, defendiendo que el proceso de reconducción y denuncia sigue siendo una prioridad operativa y remarcó que “la expulsión no es sinónimo de los vuelos” éstas son solo una modalidad de expulsión.
No obstante, estas cifras fueron calificadas como «subjetivas», respecto a la comparativa y la senadora Carvajal calificó el informe como «deficiente».
La presidenta de la Comisión recordó la promesa de campaña del presidente José Antonio Kast de concretar expulsiones masivas en corto tiempo y cuestionó el impacto del proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular. «¿No será volver atrás y retrasar los procesos de expulsión, si ahora los tenemos que judicializar?».
La parlamentaria alertó que existen casi 6 mil ciudadanos venezolanos con decretos de expulsión listos que no han podido ser ejecutados porque Venezuela no los recibe, cuestionando la falta de un plan concreto para enfrentar este nudo crítico.
