El proyecto aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados establece medidas e incentivos para fomentar el libro y la lectura.

El objetivo central del proyecto (boletín 12253) consiste en introducir a los soportes digitales y establecer un catálogo de garantías en que se podrá basar el Estado para fomentar la lectura y los libros.

La propuesta había sido abordada en general en junio pasado, pero debido a la presentación de indicaciones, debió volver a la Comisión de Cultura, cuyo segundo informe fue finalmente aprobado el pasado martes 20 por 132 votos a favor y una abstención.

El proyecto modifica la Ley 19.227, que Crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, estableciendo que entre sus lineamientos está el “definir el marco jurídico del libro, atendido su carácter de producto cultural, desde su creación hasta su comercialización, difusión, distribución y conservación como parte del patrimonio bibliográfico nacional, del fomento de la lectura y de las bibliotecas y, en especial, de la cooperación bibliotecaria”.

Luego de incluir a todo tipo de registros, como el digital, sonoro o cualquier otro que se desarrolle en el futuro, el texto determina las garantías de fomento al libro y a la lectura que el Estado podrá impulsar.

En primer lugar, propone incrementar y mejorar la producción editorial nacional, con el propósito satisfacer los requerimientos culturales y educativos del país en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y variedad.

En segundo lugar, establecer parámetros para la formación de hábitos de lectura mediante campañas educativas e informativas, especialmente a través de las señales de radiodifusión televisivas y de las plataformas de internet.

Los planes de fomento de la lectura serán considerados como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura, en el marco de la sociedad de la información.

Estos planes tendrán especial consideración con la población infantil y juvenil y con los sectores sociales en situación de vulnerabilidad, con especial atención a las personas con discapacidad.

Con dicho fin, planean adquirir obras con destino a las bibliotecas públicas y comunitarias, archivos y centros de documentación.

Asimismo, destacan la importancia de estimular la modernización de todos los centros bibliográficos, así como la adopción de todas las medidas conducentes a la democratización del acceso al libro y a la lectura.

Además, desarrollar incentivos o beneficios, tales como tasas impositivas diferenciadas para el fomento, destinados a todos aquellos que intervienen en las actividades de creación, producción, edición y comercialización del libro. Se piensa también en otras iniciativas de fomento para llegar a zonas extremas y territorios rezagados.

Para concluir, se debe resaltar que no es menos relevante la propuesta que indica que la producción de documentos, facsímiles u otros similares cuya caducidad sea inferior a treinta años deberá contemplar preferentemente la utilización de papel ecológico o reciclado. En cambio, la producción de libros u otros similares cuya degradación sea mayor a treinta años deberá contemplar preferentemente la utilización de papeles técnicos con altos estándares de duración y conservación.

Fuente: Cámara de Diputados, Congreso de Chile