La Corte de Santiago ordena al Ministerio de Educación resolver solicitud de gratuidad de estudios superiores.

Estudiante de la carrera de administración hotelera y gastronómica en la Universidad de Valparaíso, solicitó recurso de protección dado que se le había denegado el beneficio.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección y ordenó al Ministerio de Educación, previa incorporación de informe en poder del Ministerio de Desarrollo Social, resolver la solicitud de gratuidad.

En fallo unánime (causa rol 66.746-2020), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mireya López, Alejandro Rivera y Juan Enrique Olivares– determinó el actuar arbitrario del Ministerio de Educación al excluir a la recurrente sin solicitar la actualización de la cartola del registro social de hogares en poder de la administración.

«Que en opinión de esta Corte, el núcleo de la controversia radica en si puede o no constituir una ilegalidad o arbitrariedad de parte de la autoridad educacional el haber excluido a la recurrente de un posible beneficio de gratuidad educacional por la sola circunstancia de que ésta no haya adjuntado a su solicitud de reposición el documento que ella misma denomina Cartola del Registro Social de Hogares, habida consideración que se trata de un documento que emana precisamente de la Administración Pública y, -sostiene la recurrente- a virtud del principio de colaboración que inspira el actuar de la Administración estatal en su conjunto, amén de lo previsto en el artículo 36 transitorio de la ley 21.091, bien pudo haber sido agregado por la propia autoridad administrativa», revela el fallo.

«Que se estima por estos sentenciadores que, en el presente caso, concurren situaciones circunstanciales que, por su peculiaridad, particularidad y excepcionalidad, no pueden ser desatendidas a la hora de resolver la procedencia o no de la acción deducida», añade.

«En efecto, se tiene particularmente presente que, conforme recurrente y recurrida están contestes, hubo en el procedimiento de postulación al beneficio de gratuidad contemplado en la ley 21.091 un período extraordinario de repostulación y reevaluación de los potenciales beneficiarios, motivado por el desarrollo de la pandemia en el país, que ha producido severos y conocidos efectos económicos en buena parte de la población nacional», continúa.

«(…) estamos en presencia del legítimo interés de una ciudadana por acceder a la ayuda económica necesaria para que pueda cursar estudios superiores, propósito al que el Estado debe propender conforme así se lo prescribe el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República y que, indudablemente, importa una sensibilidad distinta y significativa para la postulante y su familia, a diferencia de otras pretensiones de la ciudadanía ante la Administración», destaca la resolución.

«En efecto, no siendo discutido que la recurrente habría cumplido con todas las exigencias legales para ser eventual beneficiaria de la gratuidad, parece impropio que una Administración estatal que está llamada a fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, excluya a una legítima postulante, por el sólo hecho de no acompañar un documento que la propia Administración posee, máxime si se tienen presente las circunstancias de pandemia en las que tuvo lugar este proceso de repostulación, con las dificultades de movimiento y de gestión que dicha pandemia ha supuesto», consigna la resolución.

«(…) que resulta esperable una actitud algo más empática y colaborativa de la autoridad educacional, sobre todo si el artículo 7° de la ley 19.880 le prescribe al órgano administrativo que, en aplicación del principio de celeridad, ‘el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites’.”

«(…) con todas las condiciones de adversidad que ha supuesto este período extraordinario de pandemia, no parece un exceso ni mucho menos una situación de privilegio en favor de la recurrente, haber esperado que el propio Ministerio de Educación haya requerido del Ministerio de Planificación el instrumento denominado ‘Cartola del Registro Social de Hogares’, pues siendo una materia tan sensible y significativa como la aludíamos precedentemente, era no sólo prudente sino que razonablemente exigible que el Ministerio enterara los antecedentes de la postulante agregando la Cartola del Registro Social de Hogares y, en ese escenario, resolviera si a ella le asistía o no el derecho de gratuidad que perseguía», concluye el tribunal.

Fuente: Prensa Poder Judicial, República de Chile 


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