El Consejo Superior de Política Criminal dictaminó favorablemente sobre someter a discusión la cadena perpetua para asesinos y abusadores de menores.

 

Por mayoría, el Consejo Superior de Política Criminal dictaminó favorablemente, luego de que el Comité Técnico del Consejo analizara y evaluara el proyecto de Acto Legislativo 01 de 2019 Senado y 047 de 2019 Cámara.

El proyecto pretende la modificación del artículo 34 de la Constitución Política. La decisión del Consejo Superior contempló los argumentos en contra y a favor de la medida, así como legislación comparada de países que cuentan con dicha disposición.

De este modo, el Presidente de la República  y la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, responden a la visión que tienen de la Política Criminal, en la que la cadena perpetua es un elemento esencial para hacer frente al delito de asesinato y abuso de menores de edad. 

Es importante destacar que la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura solicitaron que el concepto que se remita al Congreso debe ir acompañado por las observaciones que presentaron junto con su voto. Ahora, se remitirá a las comisiones primeras de Senado y Cámara con el fin de que sea difundido entre los autores, los ponentes y todos los congresistas que hacen parte de dichas células legislativas.

En su redacción actual el proyecto consta de dos artículos: el primero, que elimina la prohibición de cadena perpetua en el inciso primero del artículo 34 Constitucional; y el segundo, que crea los incisos tercero y cuarto, en los cuales se reglamenta la imposición de la cadena perpetua con las siguientes características: carácter excepcional, solo aplicable cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, para las conductas constitutivas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o incapacidad de resistir.

Además, deja en claro que constituye el máximo de la pena a imponer y, por lo tanto, no es automática; pero es revisable en un término no menor a 25 años, sujeta a la resocialización del condenado; tiene control automático por parte del superior jerárquico; y  establece que le corresponde a una ley desarrollar la materia en concreto.

Posteriormente, este artículo crea un parágrafo en el cual se le concede el plazo de un año al Gobierno Nacional para que presente un proyecto de ley que reglamente la materia. El artículo segundo consagra la vigencia a partir de su promulgación.

Cabe recordar que el Consejo Superior de Política Criminal está integrado por la Ministra de Justicia y del Derecho (quien lo preside), el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de la Nación, el Ministro de Educación, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Director General de la Policía Nacional y el Director General de la Agencia Nacional de Inteligencia Colombiana (ANIC).

Fuente: Minjusticia, República de Colombia

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