La Cámara de Representantes colombiana analizó el derecho procesal constitucional a la luz de los 30 años de la Constitución Política de Colombia.

Primeramente, cabe señalar que  El maestro mexicano Héctor Fix-Zamudio define al derecho procesal constitucional como una disciplina instrumental que se ocupa del estudio de las normas que sirven de medio para la realización de las disposiciones contenidas en los preceptos constitucionales, cuando estos son desconocidos, violados o existe incertidumbre sobre su significado…” 

Asimismo, señaló al Derecho Procesal Constitucional, como aquel que se ocupa del examen de las garantías de la propia Ley Fundamental, y que están establecidas en el texto mismo de la norma suprema, llegando inclusive a conceptualizar al proceso constitucional como “el conjunto ordenado y armónico de actos jurídicos, en vista de la composición de la litis de trascendencia jurídica, que establece una relación de las partes con el juzgador y que se desenvuelve en una serie concatenada de situaciones.” (Fix-Zamudio, Héctor. La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana (Ensayo de una estructura procesal del Amparo). Facultad de Derecho, UNAM, 1955)

No se puede olvidar que el Derecho Procesal Constitucional es una disciplina y campo específico de conocimiento que se desprende del derecho procesal en general y tiene como objeto de estudio las garantías procesales y los órganos con competencia para la protección y defensa de la supremacía constitucional y los derechos que tienen rango constitucional.

Toda vez que se quiere conmemorar la inclusión del derecho procesal constitucional en Colombia se debe remitir a la constitución Política que ha dejado lineamientos claros para garantizar las necesidades de los colombianos.

Si bien es cierto, en Colombia se ha avanzado en la implementación de acciones que se han reglamentado de manera independiente donde se evidencian vacíos normativos, pero se han tenido en cuenta los artículos 86, 87, 88 que se refiere a la acción de tutela, acción de cumplimiento y acciones populares que concede la Constitución Política a todos los colombianos.

La Cámara de Representantes es el escenario en el cual se recibe para ilustrar la prostesta social y la reinvidicación de derechos, donde el Estado Social es el garante de derechos y de necesidades de todos los colombianos con fundamento en el principio de paz. No obstante, hay que forjar lazos entre las entidades que están trabajando en la reavivación de los derechos.

Los derechos deben ser garantizados por el Estado, aun cuando no estén contemplados en la Constitución porque la dogmática constitucional debe ir de la mano, pero infortunadamente no es así.

Hay que construir respuestas regionales para que se diseñen las políticas públicas que respondan a las necesidades de cada departamento y así se construye el Estado Social de Derecho, porque el diálogo debe ser participativo para las decisiones colectivas.

De otra parte, garantizar el cumplimiento de los derechos a toda la población, donde se puede numerar: personas con discapacidades, personas víctimas del conflicto armado, periodistas, líderes sociales y políticos, entre muchos otros grupos poblacionales son Colombianos y la Constitución los cobija.

Fuente: Prensa Cámara de Representantes, Congreso de la República de Colombia


Si te ha gustado esta noticia, suscríbete a nuestra newsletter para estar al día de la actualidad jurídica más relevante.

SUSCRÍBETE A DIARIO JURÍDICO

Recibe nuestro boletín semanal con la actualidad jurídica más destacada.

Sus datos serán incorporados a un fichero automatizado con el objeto exclusivo de dar respuesta a su suscripción Dicho fichero es de titularidad exclusiva de LEXDIR GLOBAL S.L. y no será cedido a un tercero en ningún caso.

 

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.