La Ley 1990 de 2019, que establece medidas para facilitar las donaciones y evitar que productos aptos para el consumo terminen en la basura
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, pidió avanzar en la implementación de la legislación, cuyo propósito es establecer mecanismos para que los alimentos que no se comercializan, pero que todavía son aptos para el consumo, puedan ser aprovechados y llegar a las personas que los necesitan.
Estamos impulsando esta iniciativa para facilitar las donaciones y lograr que más alimentos lleguen a las familias”, manifestó Henríquez.
La Ley 1990 de 2019 de Colombia crea la política nacional para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos (PDA), con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria y disminuir el hambre.
La normativa tiene por objeto promover el desarrollo sostenible, la inclusión social y el cuidado ambiental mediante el manejo responsable de los alimentos a lo largo de la cadena (producción, procesamiento, distribución y consumo).
Su regulación permitiría la entrega gratuita de productos aptos para el consumo humano —preferentemente cinco días antes de su fecha de vencimiento— a organizaciones sin ánimo de lucro y bancos de alimentos legalmente constituidos.
La mayoría de los colombianos cree que no desperdicia mucha comida, según un estudio de WWF realizado en ocho ciudades. La investigación evidenció que sí hay prácticas cotidianas que llevan al desperdicio, principalmente asociadas al mal almacenamiento y al inadecuado manejo de comida preparada o sobras.
Muchas empresas, supermercados y restaurantes encuentran a menudo más rentable o menos riesgoso desechar los alimentos excedentes que asumir los costos de clasificación, empaque, cadena de frío y transporte hacia los bancos de alimentos.
Persisten vacíos o temores sobre la responsabilidad jurídica en caso de que un alimento donado sufra alteraciones antes de ser consumido, lo que frena a los privados a entregarlos de forma masiva.
Muchas empresas temen enfrentar demandas civiles o penales si alguien se enferma por un alimento donado. En países como Argentina existe la Ley Donal (y normativas similares en otros lugares), que protege legalmente a los donantes de buena fe, aunque el desconocimiento de estas leyes sigue generando fricción.
Además, transportar, clasificar, almacenar y refrigerar el excedente requiere dinero, combustible y personal. A veces, económicamente resulta más barato tirar la comida que pagar toda la cadena de rescate.
