Esta es una de las conclusiones del informe hecho público por la CNC sobre las restricciones a la competencia incluidas en la normativa reguladora de la actividad de los procuradores de los tribunales, realizado tras la resolución S/0022/07 del Procurador de Madrid.
El informe arroja cinco conclusiones que podrían cambiar la figura del procurador en España, que cuenta con características difíciles de encontrar en países de nuestro entorno, y anima a revisar la normativa en aplicación de la Directiva de Servicios europea.
En primer lugar, la CNC pide «revisar y reducir» la obligatoriedad de representación procesal a través de un procurador, contando con que dicha obligación «ya ha sido eliminada» y con «los avances telemáticos en las comunicaciones entre la Administración de Justicia y los usuarios».
Competencia pide suprimir la incompatibilidad de la profesión de procurador con las profesiones de abogado, graduado social y gestor administrativo, así como eliminar su exclusividad para que los abogados puedan ejercer la representación procesal.
El cuarto punto se refiere a la supresión del actual sistema de aranceles o precios «cuasi fijos» de los procuradores, para pasar a un sistema de «libre prestación» en todo el territorio del Estado.
Por último, la CNC propone suprimir la prohibición de ejercer como procurador en más de una demarcación territorial, pasando a un régimen de libre prestación en todo el país.
El informe concluye que la obligatoriedad de acudir a los tribunales representado por un profesional «supone un problema» para la competencia «desde el momento en el que existe un mercado con barreras de entrada y de ejercicio».
«En el caso de la actividad de los procuradores, no se observa que existan motivos que justifiquen reservas frente a otros profesionales que desempeñan esa misma actividad», explica Competencia, que recuerda que su dictamen se basa en la defensa del interés general.
