Se difundió el siguiente comunicado:

1.- Concienciación social e institucional. Los jueces decanos consideran un hecho positivo que se haya asumido social e institucionalmente la gravedad de la situación actual de la Administración de Justicia lo que supone que, al menos, se ha abierto un debate sobre esta cuestión, aunque todavía es escasa la receptividad hacia las reivindicaciones de los jueces, dado el escaso eco que han tenido.

2.- Ausencia de reformas efectivas. No obstante lo anterior y a pesar de que proliferan estudios, informes y propuestas, algunos de ellos con medidas sugestivas e interesantes, los avances son mínimos por no decir prácticamente inexistentes.

Los jueces llevamos años insistiendo acerca de la urgencia de reformas estructurales y procesales que nunca llegan; no se ha incrementado el número de jueces aproximando la ratio española juez/habitante a la media europea, que dobla aquélla; la oficina judicial no se ha implantado a salvo las dos experiencias piloto puestas en marcha en Burgos y Murcia, pues en el resto del territorio nacional, la oficina judicial ni está ni se le espera, al menos en los próximos años; el CGPJ continúa sin establecer la carga de trabajo para cada órgano judicial, aspecto fundamental para determinar la planta judicial y el número de jueces necesarios en España; los juzgados y tribunales siguen sin estar interconectados informáticamente a pesar de las expectativas
suscitadas con el programa EJIS promovido por el Ministerio de Justicia, de modo que cada comunidad autónoma sigue actuando como un auténtico reino de taifas informático, no se han aprobado todavía reformas serias y sobre todo eficaces para reducir la litigiosidad y la interinidad judicial y funcionarial continúa siendo excesiva y además con escasa formación.

La única respuesta efectiva de los responsables políticos a las reivindicaciones de los jueces ha sido un desproporcionado recorte del sueldo.

3.- Dependencia presupuestaria. El Poder Judicial depende económicamente del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, por tanto es “económico-dependiente”; ello significa que es y será lo que le permita el Poder Ejecutivo central o autonómico pues depende de su mayor o menor generosidad presupuestaria. Esta dependencia ha supuesto un desequilibrio institucional que ha redundado en perjuicio del Poder Judicial, por lo que ha llegado el momento de cuestionarse seriamente si interesa al Poder Ejecutivo una Administración de Justicia eficaz y si el sistema puede seguir funcionando dentro de este esquema; dicho de otro modo, los jueces decanos exigimos la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, lo que por otro reforzaría lado su independencia institucional y la división y equilibrio de poderes.

4.- Retraso en la creación de Juzgados. Los jueces decanos lamentan profundamente al tiempo que consideran inadmisible, el retraso en la creación de juzgados promovida por algunas comunidades autónomas que tan solo meses atrás se vanagloriaban de la misma e incluso consideraban insuficiente el número de órganos judiciales a crear. Es evidente que la Administración de Justicia sigue siendo la última de las prioridades de los responsables políticos ya que se halla en una situación de absoluta penuria económica hasta el punto de que algunos juzgados y tribunales no disponen siquiera de los materiales imprescindibles para trabajar ni de sedes dignas para el ejercicio de la función jurisdiccional.

5.- Los jueces decanos consideran que son merecedoras de estudio algunas de las propuestas formuladas por el Ministerio de Justicia tales como la instauración de los Tribunales de Instancia (colegiación de órganos judiciales unipersonales), así como la concentración de los partidos judiciales, medidas defendidas en su momento por los jueces decanos. Esta última medida es especialmente imprescindible dado que el mapa judicial español responde a una organización territorial propia de la sociedad española del s. XIX, atrasada y esencialmente rural. La concentración de juzgados en grandes plazas judiciales es hoy necesaria para la implantación eficaz de la oficina judicial, para optimizar recursos y para facilitar la especialización de los órganos judiciales. En fin, deben suprimirse por antieconómicos aquellos partidos judiciales con un reducido número de juzgados y potenciar la agrupación de partidos y la creación de grandes sedes judiciales.

SOBRE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL:

1.- Los jueces decanos manifestamos nuestra preocupación por algunos aspectos del despliegue de la Nueva Oficina Judicial que pueden comprometer el carácter instrumental que dicha oficina debe mantener respecto de la función jurisdiccional.

2.- Así mismo, los jueces decanos expresamos nuestra inquietud por la pasividad que buena parte de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Justicia vienen mostrando en la implantación de la Nueva Oficina Judicial, con el riesgo que ello supone de creación de dos modelos de Justicia en el territorio nacional

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