Conducir sin licenciaPor Gabriela Boldó, juez sustituta

El art 384, redactado por la L.O. 5/2010, de 22 de junio, en su apartado segundo, establece que: “se impondrán las mismas penas que las establecidas en el apartado anterior, al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”. Ante esta redacción del tipo penal sorprende, tanto desde un punto de vista sustantivo como procesal, que el caso que se plantea en esta sentencia haya llegado al Tribunal Supremo, en recurso de revisión.

Se trata de un ciudadano al que el Juzgado de instrucción de Totana (Murcia) condenó por un delito contra la seguridad vial por conducir un ciclomotor sin la licencia correspondiente. La sentencia sentaba como probado que el acusado “nunca había estado en posesión del permiso de conducción” ya que hubo conformidad de las partes. Sin embargo, posteriormente se acreditó la titularidad de un permiso de conducir expedido en el Reino Unido con periodo de validez hasta 2019. La pretensión de revisión, que fue apoyada por el Ministerio Público, tuvo que ser acogida. Finlamente, el Supremo determinó que conducir un vehículo a motor sin tener a disposición la licencia de conducción o haciéndolo en posesión de una no homologada en España o caducada podrá constituir una infracción administrativa, pero no un delito contra la seguridad vial del art. 384.2 CP. Por tanto, establece que cabe la revisión de la sentencia para su anulación.

Cuestiones procesales

Desde un punto de vista procesal no entiendo que el expediente se incoara por el procedimiento de diligencias urgentes, puesto que, ante la posibilidad de que el acusado tuviera permiso de conducir, lo lógico era que, de acuerdo con el art 798.2.2 de la LECrim, el juez hubiera ordenado la incoación del procedimiento por diligencias previas. A su vez, tras la incoación de diligencias urgentes, lo lógico era que las partes, tanto acusadoras, en virtud del principio de tipicidad, como las defensoras, en virtud del derecho a la presunción de inocencia, hubieran pedido la conversión del procedimiento a diligencias previas, en el trámite previsto en el art. 800 de la LECrim, manifestando su oposición a la apertura de juicio oral, por considerar imprescindible la práctica de diligencias esenciales para el esclarecimiento de los hechos. De ese modo se hubiera podido acreditar que el acusado había obtenido el permiso de conducir, mediante la práctica de diligencias instructoras tales como oficiar al consulado oportuno para que certificase dicho extremo, o bien, dar un plazo al acusado para que pudiera acreditar dicho extremo mediante la presentación del permiso o su duplicado, debiendo prevalecer la presunción de inocencia, no siendo suficiente la constatación oficial por parte de los organismos competentes de tráfico conforme no constaba que el acusado tuviera permiso de conducir, dado que el acusado no era español.

A su vez, siguiendo con los aspectos procesales, tampoco es lógico que se dictara sentencia de conformidad, ya que para ello es necesario que el acusado reconozca los hechos, lo que implica, en el caso que nos ocupa, que en el momento de la lectura de derechos al imputado, antes de tomarle declaración en condición de tal, debía habérsele explicado, de forma que el imputado entendiera claramente que los hechos por los que se le tomaba declaración eran por conducir sin haber obtenido nunca el carnet de conducir, ni aquí ni en su país. Para posteriormente reconocer que eso era cierto, presupuesto habilitante para dictar la sentencia de conformidad.

Parece evidente que el acusado no entendió los hechos que se le imputaban, puesto que si no, no se hubiera conformado, porqué sabía que sí que tenía permiso de conducir puesto que estábamos ante una situación personalísima, como es la obtención de un permiso. El hecho de saber que sí que disponía de carnet de conducir no requería que el acusado tuviera conocimientos especiales, pues toda persona sabe efectivamente si ha obtenido el carnet de conducir en su país.

De hecho, en el propio recurso de revisión el propio Ministerio Fiscal se adhirió al recurso en base a la jurisprudencia del TS, que establece que el delito de conducción sin permiso, no se comete si se posee con anterioridad licencia aunque sea expedida en otro país. Por ello esos documentos nuevos hubieron tenido que ser presentados en la fase de instrucción y no en un recurso de revisión. El artículo 954.4 de la LECrim dispone que cabe interponer recurso de revisión contra las sentencias firmes cuando, después de la sentencia, sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba, de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado.

Considero que la aportación al procedimiento de los permisos de conducir obtenidos en otro país no pueden tener la consideración de nuevos hechos o nuevos elementos de prueba, puesto que que los documentos aportados acreditaban que en el momento de los hechos el acusado disponía de carnet o de licencia de conducir.

Sin embargo, al evidenciarse la inocencia del condenado, por el propio tenor literal del art 384.2 del CP, estos documentos debían englobarse en el art 954.4 de la LECrim, en una interpretación amplia del mismo, para subsanar el error o falta de prueba en la instrucción de la causa y en virtud de principio de presunción de inocencia. Si bien es cierto que dichos documentos se aportaron con posterioridad a la causa, éstos ya existían y no había causa legal o impedimento para que no se hubieran aportado durante la instrucción de la causa. Estamos ante el supuesto de falta de prueba de la acusación formulada por el ministerio fiscal, error en el que pudo incurrir el ministerio fiscal cuando el acusado, posiblemente al tomarle declaración, reconoció los hechos, circunstancia que evidencia que los imputados no siempre entienden los hechos que se les imputan, y, pese a eso y a tener asistencia letrada, se conforman.

Esta sentencia sirve para darnos cuenta de la necesidad de revisar la tutela judicial efectiva en el procedimiento de diligencias urgentes, en especial, en la posibilidad de conformidad en la guardia ya que no siempre se podrá subsanar el error en que se ha incurrido en dicha sentencia de conformidad mediante la interposición de un recurso de revisión, en el que se aporten documentos ya existentes en el momento de la imputación y que no fueron aportados debidamente en el momento procesal oportuno. No puede obviarse la evidencia de que en ocasiones el acusado no sabe a qué se está conformando, confusión que en un estado de derecho no debería producirse y que a su vez plantea la duda de si realmente el derecho penal consigue su función de prevención especial y general, puesto que al parecer el acusado desconocía cual era la conducta típica, por lo que difícilmente se le había disuadido por parte del estado de realizar una conducta que desconocía en qué consistía, hasta el extremo que llegó a aceptar una condena penal convencido que había infringido la norma penal.

Fondo 

Desde un punto de vista sustantivo, hay que tener claro el supuesto de hecho que castiga la norma y relacionarlo con el bien jurídico protegido. La interpretación literal del párrafo 2 del art. 384 del CP delimita la acción al hecho de que la persona que está al volante, nunca, ni en su país de origen, ni en España, ha obtenido el permiso de conducir. Puesto que lo que persigue la norma es proteger la seguridad en el tráfico, de modo que no pueda conducir un vehículo a motor o ciclomotor una persona que no ha pasado las pruebas necesarias para acreditar su aptitud para ello. Interpretación que casa perfectamente con el hecho que el delito contra la seguridad vial es un delito de peligro, de modo que se debe evitar poner en peligro a quienes circulan por la carretera bajo la confianza de que todo el mundo que conduce un vehículo a motor o ciclomotor está habilitado para ello.

Como dice la sentencia del TS se protege no tanto el control por parte de la Administración Española de las habilitaciones para conducir, como el bien jurídico “seguridad vial” que sólo se puede presumir puesto en peligro cuando quien conduce el vehículo de motor no ha demostrado nunca las capacidades mínimas para realizar tal actividad independientemente de que su conducción sea regular o irregular.

El hecho que haya obtenido el permiso de conducir en otro país ya comporta que se han acreditado unas habilidades mínimas que le habilitan para conducir, de modo que tal habilitación es susceptible de ser reconocida por el Estado Español, desde un punto de vista administrativo, pero dicha circunstancia ya excluye la tipicidad penal por no poder existir ninguna presunción legal de peligro.

Por ello la conducta es atípica e impide la formulación de un escrito de conclusiones provisionales pidiendo la condena a quien posea permiso extranjero; ya sea de otros países de la Unión Europea, pero que no alcanzan validez en España (art. 24 del Reglamento General de Conductores), como permisos de países no comunitarios (art. 30) o un permiso internacional.

Sino fuera suficiente con la interpretación de la ley, no cabe duda que esta es la intención del legislador, puesto que, como la sentencia del Tribunal Supremo recuerda, la redacción final del nuevo tipo penal tiene su origen en una enmienda en la que expresamente se aludía a no “haber obtenido nunca un permiso o licencia de conducción, expedido por autoridad pública de cualquier país”. Aunque en el Dictamen emitido por la Comisión de Justicia sobre la Proposición de la Ley Orgánica por la que se modificaba el Código Penal en materia de Seguridad Vial se contempló en la redacción del precepto el requisito de que el permiso o licencia fuera “vigente y válido para conducir en España”, tal exigencia fue rechazada, quedando finalmente redactado el nuevo artículo en los términos expuestos.

La falta de homologación no impide que se pueda dar cuenta a las autoridades competentes por la falta de homologación de dicho permiso en España, a los efectos legales oportunos por si los hechos fueran constitutivos de infracción administrativa.

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