Siguen las muestras de rechazo a los recortes aplicados en las retribuciones de los funcionarios de Justicia en Cataluña. Más de 7.500 funcionarios están llamados a secundar una huelga indefinida contra el acuerdo de la Generalitat que adoptó medidas excepcionales de reducción del gasto de personal de Justicia para los presupuestos de 2013.
En el primer día de huelga, celebrado el pasado miércoles, el seguimiento fue desigual si se comparan las cifras registradas en la Ciutat de la Justícia de Barcelona y las del resto de juzgados catalanes. Su valoración también es muy variable en función de la fuente consultada. Según la Conselleria de Justícia de la Generalitat, la participación fue de un 9,39% en Barcelona; 1.90% en Tarragona; 3,81% en Lleida y 1,60% en Girona, del total de 7.509 funcionarios de los cuerpos de gestión, tramitación, auxilio judicial y medicina forense. Sin embargo, los sindicatos convocantes, UGT, CCOO, CSIF y STAJ, elevaron el seguimiento de la protesta hasta el 70% al advertir que quizás «la Generalitat no contempla que hay gente que está de permiso o vacaciones».
El Departamento de Justicia ha dictado servicios mínimos que permiten celebrar juicios pendientes con la presencia de un único funcionario. Sin embargo, el Gobierno puso ayer de manifiesto que la Secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia no tuvo constancia de la suspensión de ningún juicio durante el primer día de parón, como consecuencia directa del mismo.
El Ejecutivo también valoró «de forma muy positiva» que la jornada transcurriese con «total normalidad» y que se cumplieran al 100% los servicios mínimos acordados. Asimismo, reiteró, a través de un comunicado en su página web, su voluntad de continuar el diálogo entre el Departamento y los representantes de los trabajadores. La falta de personal sí que provocó, sin embargo, colas de ciudadanos y procuradores que intentaban entregar escritos judiciales, algo que se prevé que se repita a lo largo del día de hoy.
Según los sindicatos, la huelga también ha sido convocada para rechazar la reducción de las retribuciones del personal de Justícia de junio a diciembre y para reclamar la recuperación progresiva de las retribuciones y el poder adquisitivo que han perdido desde 2010. Otra de las reivindicaciones de los funcionarios de Justícia es poder recuperar los derechos laborales que creen que se les han quitado en los últimos años y denunciar el sucesivo deterioro de sus condiciones de trabajo y de gestión de personal. Además, responsables sindicales denuncian que los recortes salariales aplicados por la Generalitat «son ilegales porque no tienen las competencias para hacerlo» y no descartan emprender acciones judiciales contra el gobierno catalán.
Quisiera aprovechar este espacio para manifestar mi apoyo para con estos trabajadores del poder judicial, y al mismo tiempo para destacar el trabajo que cotidianamente realizan siempre en pos del beneficio de la población y de brindar un servicio acorde a las exigencias y a las expectativas de los españoles. En este sentido, creo que además de solucionar estos inconvenientes, el estado nacional debe seguir fomentando el desarrollo de alternativas de educación en lo que al trabajo de los empleados judiciales involucra. Afortunadamente, para formarse al respecto, existen hoy muchos cursos disponibles, destacándose aquellos online y a distancia.