La lucha contra el fraude se intensifica con nuevas obligaciones informativas para las entidades financieras y los notarios.
El Consejo de Ministros aprobó un real decreto plagado de lo que la vicepresidenta primera calificó de «cambios de carácter técnico» en materia tributaria.
El principal de ellos, destinado a la lucha contra la evasión fiscal, tiene relación con los pagos a empresarios o profesionales.
La Agencia Tributaria realizará un seguimiento «más cercano» de las disposiciones, pagos y cobros que se realicen en metálico a través de entidades bancarias o de crédito cuando superen los 3.000 euros.
Esa cercanía se especifica para el caso de los cobros que realicen con tarjeta de crédito o débito cuando su cuantía anual supere los 3.000 euros, de los que las entidades financieras tendrán que informar anualmente a Hacienda.
El Ministerio de Economía corrigió una nota en la que se limitaba la obligación de informar a las operaciones únicas que superasen esa cantidad. Fuentes de Economía aseguraron después que el umbral de 3.000 euros se utilizará en cómputo anual.
En materia de lucha contra el fraude, el real decreto instaura también la obligación de que los notarios identifiquen la forma de pago empleada en las operaciones sobre inmuebles, ya sea en metálico, transferencia, domiciliación, cheque u otros instrumentos de giro.
Entre las novedades tributarias aprobadas por el Consejo de Ministros aparece también un impulso del Documento Electrónico Único, instaurado en 2003 para facilitar la constitución telemática de sociedades limitadas.
