Ante las informaciones recientemente aparecidas en los medios de comunicación sobre cupos de detenciones de inmigrantes en situación irregular, al menos en Madrid, desde la perspectiva de los Derechos Humanos de todas las personas y del Estado social y democrático de Derecho (art. 1 Constitución Española), es necesario tener presentes las siguientes consideraciones:

1ª.- El Estado tiene la obligación de garantizar las libertades públicas y los derechos fundamentales de todas las personas dependientes de su jurisdicción, por tanto también de las personas migrantes que se encuentren en territorio español, sea cual fuere su estatus migratorio, regular o irregular.

2ª.- La libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico español. Por eso dice nuestra Constitución: «Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad». «Nadie puede ser privado de su libertad salvo en los casos y en la forma previstos en la Ley». (Art. 17 CE).

3ª.- Las redadas policiales masivas, la «caza» del migrante en locutorios, filas del paro, transportes, etc…, en busca de personas migrantes en situación administrativa irregular con el objetivo de cumplir unas determinadas cuotas policiales de detención no resultan conformes con el art. 17 de nuestra Constitución, que debe impregnar la actuación de todos los aparatos del Estado, también de los policiales.

4ª.- La Ley Orgánica de Extranjería (LOEX) no contempla la detención anterior al inicio de un procedimiento que pudiere finalizar con la expulsión de la persona extranjera. La detención sólo procede, como medida cautelar, una vez incoado el expediente y con las formalidades y requisitos previstos en la LOEX. La regla general debe ser, de acuerdo con el principio «favor libertatis», el de la adopción de las medidas cautelares menos gravosas para los derechos fundamentales del expedientado, contemplándose por ejemplo, en la LOEX, la presentación periódica del extranjero, la retirada del pasaporte y otras medidas cautelares menos duras o aflictivas. La privación de libertad debe ser la última de las medidas a adoptar y tan sólo con carácter excepcional en aquellos supuestos más graves.

5ª.- El Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España y por tanto de obligado cumplimiento, afirma en su art. 5 que «toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad». Prevé la privación de libertad, entre otras hipótesis que afectan a todas las personas, cuando se trate de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición. Por tanto, solamente en ambos casos es posible tal privación.

6ª.- Las redadas masivas, indiscriminadas, basadas en el origen nacional, sin duda constituyen una discriminación, también prohibida tanto por la Constitución española como por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

7ª.- Si estas redadas pretenden la expulsión de extranjeros en situación irregular, se puede producir una expulsión masiva, prohibida por las normas internacionales. Sólo el examen individualizado y la fundamentación concreta de cada caso evita esas expulsiones masivas o colectivas.

8ª.- Resulta curioso observar que la única cobertura legal que puede permitir la detención anterior al inicio del expediente administrativo de expulsión viene amparada en la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Corcuera), que contempla, dentro de las actuaciones de indagación o prevención y siempre que fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad, la posibilidad de requerir la identificación de las personas. Sólo en caso de no lograrse esos objetivos por otros medios, podrán las autoridades requerir a quien no hubiera sido posible identificar la conducción a dependencias próximas que cuenten con medios adecuados de identificación, a estos solos efectos y por el tiempo imprescindible. (Art. 20 LSC).

9ª.- Actuaciones como la ahora denunciada criminalizan a las personas por la mera situación de irregularidad administrativa, convirtiendo al inmigrante en sujeto acosado y abocado a una no deseable clandestinización. Esta tendencia a la criminalización ha sido denunciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos como fuente de comportamientos xenófobos y racistas.

10ª.- La calificación de estas personas como «inmigrantes ilegales» (realizada a veces por nuestras autoridades en declaraciones públicas) prueba dicha criminalización y prescinde de cualquier consideración equitativa de las normas jurídicas. Si ninguna persona es ilegal en sí misma, ni siquiera lo son todos sus actos, todavía lo son en menor medida quienes no han cometido un delito sino una falta administrativa (el cruce irregular de una frontera o la permanencia irregular en territorio español).

Cualquier actuación del Estado social y democrático de Derecho debe respetar los Derechos Humanos de todas las personas, sea cual fuere su estatus migratorio. En este caso concreto, ello exigía que las instrucciones policiales, que ordenaban un mínimo periódico de arrestos, fueran revocadas. Por eso nos felicitamos de que tal medida haya sido adoptada.

Pedimos, sin embargo, a nuestras autoridades que muestren el máximo celo en el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables. En el caso concreto analizado, medidas como la revocada pueden exacerbar el racismo y la xenofobia, que deben avergonzar a cualquier sociedad democrática.

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