El Centro Europeo de Accesibilidad, AccessibleEU, ha celebrado en Madrid la jornada “Si no es accesible, no es Justicia. Claves para una Justicia digital, física y documental para todas las personas”, un encuentro organizado junto a AMETIC y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para analizar cómo avanzar hacia una Justicia plenamente accesible, inclusiva y alineada con los principios de accesibilidad universal.
La transformación digital de la Justicia avanza de manera acelerada en Europa y en España, impulsada por la necesidad de modernizar los servicios públicos, mejorar la eficiencia y garantizar el acceso efectivo a derechos fundamentales. Sin embargo, esta digitalización solo puede considerarse completa si incorpora, desde su diseño, criterios sólidos de accesibilidad universal que permitan a todas las personas interactuar con los sistemas, edificios, documentos y profesionales del ámbito judicial en igualdad de condiciones.
Durante la apertura institucional, representantes de las entidades organizadoras destacaron la necesidad de avanzar hacia una Justicia plenamente accesible, en la que la digitalización, la infraestructura y la comunicación con la ciudadanía se desarrollen desde criterios de accesibilidad universal.
“La justicia, para que sea justicia, ha de ser accesible. Si no, será otra cosa”, señaló Félix Bolaños García, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En este sentido, subrayó: “De nada sirven los grandes postulados dogmáticos y constitucionales si una persona, una sola, no puede interactuar con el sistema judicial en igualdad de condiciones. Por eso tenemos que trabajar para superar las barreras físicas, cognitivas y comunicativas en un entorno digital que es complejo por el lenguaje que utiliza”.
Jesús Hernández Galán, director de AccessibleEU y director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, recordó que AccessibleEU es “una iniciativa emblemática, estratégica de la Estrategia de Derechos de las Personas con Discapacidad, la creación de un centro para ayudar a implementar la legislación en materia de accesibilidad”. Además, destacó que “lo verdaderamente importante es la homogenización a nivel europeo. Tener una legislación para que la accesibilidad signifique lo mismo en todos y cada uno de los países que componen la Unión Europea”.
Alberto Durán, vicepresidente de Fundación ONCE, subrayó que “las leyes son importantes”, pero recordó que es necesario avanzar “con hechos concretos” para que “la ciudadanía pueda sentir que existe una igualdad de oportunidades para acceder a la vida diaria y a la Administración de Justicia”. En este sentido, destacó: “Necesitamos que la tecnología, la capacidad de innovación y las ganas y necesidad de que la igualdad de derechos y de oportunidades caminen al unísono”.
Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, destacó el valor de “la colaboración público-privada” para avanzar en una Justicia más accesible y digital. “Estamos trabajando desde hace muchos años para ver cómo podemos, con la justicia y con la digitalización, ayudar a esto”, afirmó. Además, subrayó que esta cooperación “es un ejemplo a nivel internacional” y permite “poner en contacto a la industria digital con la accesibilidad”.
El debate puso el foco en cuestiones concretas del día a día judicial, desde la posibilidad de realizar trámites electrónicos sin barreras hasta la orientación dentro de una sede judicial o la comprensión de una resolución. También se abordó la necesidad de reforzar la formación de los profesionales para que la accesibilidad se integre de manera efectiva en la práctica jurídica.
Digitalizar la Justicia no basta, debe ser accesible desde el diseño
El primer bloque de la jornada estuvo centrado en la Justicia Digital Accesible y en la necesidad de garantizar que las plataformas, aplicaciones y sistemas utilizados por la Administración de Justicia puedan ser usados por todas las personas. Durante la sesión se abordaron cuestiones relacionadas con los portales de tramitación electrónica, los sistemas de gestión procesal, las herramientas de videoconferencia judicial y la inteligencia artificial aplicada a los procesos judiciales.
Los ponentes coincidieron en que la accesibilidad debe incorporarse desde el diseño de las soluciones tecnológicas y no como una adaptación posterior.
Javier Hernández Díez, subdirector general de Impulso e Innovación de los Servicios Digitales de Justicia, destacó que el Ministerio trabaja para mejorar la accesibilidad de sus herramientas digitales con la participación de los usuarios: “Gracias a la relación con los usuarios, entre los cuales se encuentran personas con discapacidad, nos han permitido mejorar también la propia disposición de los elementos dentro de la aplicación o de la web”. Además, señaló: “Estamos colaborando con la ONCE para evaluar servicios de inteligencia artificial. Tenemos que ir mejorando el modo en que se reescriben los documentos judiciales, que a cualquiera que no sea jurista le va a costar leer”.
Sedes judiciales sin barreras, del cumplimiento formal a la experiencia real de uso
La accesibilidad física de las sedes judiciales fue otro de los ejes centrales del encuentro. En este bloque se analizó el estado actual de los edificios judiciales y se abordaron aspectos como los itinerarios accesibles, la señalización y orientación, los puestos de atención al público, las salas de vistas y los protocolos de emergencia accesibles.
Los expertos destacaron que avanzar hacia sedes judiciales sin barreras requiere ir más allá del cumplimiento normativo y atender a la experiencia real de uso de todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad o necesidades específicas de accesibilidad.
José Luis Borau Jordán, jefe de Accesibilidad al Medio Físico de Fundación ONCE, subrayó que “va mucho más allá de la rampa. Hay que entender los espacios, saber dónde ir, dónde dirigirte, y tener en cuenta cuestiones específicas que no aparecen en la normativa, como los espacios de calma”. En este sentido, concluyó que “hay que ver el sistema judicial en muchos ámbitos. Si no se ve como un sistema global, esa será la gran barrera que tendrá la justicia”.
Lenguaje claro y documentos accesibles para garantizar derechos
La jornada también puso el foco en la accesibilidad documental y en la importancia de que las resoluciones, notificaciones, formularios y documentos judiciales puedan leerse, comprenderse y utilizarse por todas las personas.
Blanca Tejero Fernández, codirectora del Centro de Accesibilidad Cognitiva, recordó que “la accesibilidad cognitiva, que no es otra cosa que hacer el entorno, las comunicaciones interpersonales y todo lo demás fácil de entender, de forma bidireccional, es una necesidad que no pertenece a un sector exclusivo o excluyente con un diagnóstico, sino que nos apela a todos”. En este sentido, subrayó que “la lectura fácil es una herramienta que puede garantizar que un documento, pese a ser un documento válido y legal, escrito con los términos y diccionarios propios de la justicia, pueda entenderse”.
Formar a los operadores jurídicos para garantizar una Justicia inclusiva
El último panel estuvo dedicado a la formación de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores y otros operadores jurídicos en materia de accesibilidad y discapacidad. Los participantes destacaron la necesidad de integrar estas competencias tanto en la formación inicial como en la formación continua de los profesionales del ámbito judicial.
La sesión subrayó que la accesibilidad no es únicamente una cuestión técnica, sino una garantía vinculada al ejercicio efectivo de derechos fundamentales y a la tutela judicial efectiva.
“Nuestro objetivo no es solo desarrollar capacidades analíticas de la realidad, sino también valorar la prueba, resolver conflictos y tomar decisiones”, señaló Ana Libertad Laliena Piedrafita, magistrada y profesora del área Penal de la Escuela Judicial. Y añadió: “Nuestra función sería formar juristas. Es decir, personas capaces de impartir una justicia que sea cercana, comprensible y respetuosa con los derechos fundamentales”.
El encuentro concluyó con un llamamiento a reforzar la cooperación entre instituciones públicas, sector tecnológico, profesionales del Derecho, expertos en accesibilidad y organizaciones de personas con discapacidad para construir un ecosistema judicial más inclusivo, eficiente y accesible para toda la ciudadanía.
“Si el apoyo y el conocimiento de la sociedad, las instituciones y las ONG completan una voluntad política clara, también la colaboración público-privada completa el círculo de intereses, perspectivas y focos sobre una misma cuestión, y nos ayuda a tomar decisiones más acertadas”, señaló Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia. Y añadió: “Concluyo haciendo de nuevo mío ese lema que lleva la jornada de hoy: si no es accesible, no es justicia. Si no es inclusiva, si no es comprensible, tampoco es accesible”.
