Doña Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello, magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 1 de Vitoria y miembro de la junta directiva de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, fue galardonada el pasado 1 de marzo, durante las jornadas de prevención de riesgos laborales «PREVER 2018» con la medalla al mérito profesional, un reconocimiento que tiene como finalidad premiar a distintos profesionales, empresas o entidades que destaquen, a nivel nacional e internacional, por su labor en pro de la prevención de los riesgos laborales dentro y fuera de España, siendo este premio concedido por una comisión formada diferentes organismos y enetes públicos relacionados con la seguridad y la salud laboral de nuestro país.
La magistrada fue distinguida en la categoría de medallas individuales al mérito profesional del premio PREVER que le impuso en nombre del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo D. Pedro Ángel Ortega Calahorro, jefe de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, gracias a la elaboración de una serie de informes sobre la carrera horizontal y una propuesta de bases articulada para la futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como por un reglamento de desarrollo que introduciría la carrera horizontal como medio de progresión dentro de la carrera judicial, trabajos todos realizados como miembro de la directiva de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
Este galardón ha sido concedido por una Comisión integrada por representantes del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo de España y prestigiosos profesionales del ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, y fue recogido por la magistrada, Dña. Rosa Esperanza Sánchez, que estuvo acompañada por el portavoz de la asociación transversal de juristas Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, en el marco de las XXª Jornadas Técnicas de prevención de riesgos laborales y responsabilidad social corporativa y Premios nacionales e internacionales de prevención «PREVER 2018», cuya celebración se llevó a cabo los pasados días 1 y 2 de marzo en Bilbao.
Toda una revolución para la carrera judicial
La carrera horizontal es un conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional en el mismo puesto de trabajo, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Supone dividir la carrera judicial en diez grados, repartidos en tres categorías, con una duración de 3 o 4 años cada grado, que suman los 32 años de vida profesional media de un juez. El sistema de carrera se completaría fijando por ley la remuneración para cada uno de los grados, a modo de complemento específico de carrera horizontal, en virtud de la mayor formación y de la competencia adquirida y demostrada por el juez.
Sin moverse del puesto de trabajo, sin necesidad de postularse o de aspirar a un nombramiento como alto cargo, el juez de cualquier ciudad o pequeña población alcanzaría la misma reputación y reconocimiento que un magistrado del Tribunal Supremo, siempre ofreciendo a la carrera, a la organización y a la Administración de Justicia una mayor capacitación profesional.
Con ello se afronta el grave problema de falta de estímulo y desesperanza que sufren los jueces, que causa agotamiento y desafección; y el problema de régimen clientelar, que hace que prosperen los que tienen padrino o apoyos.
Propuesta con vocación de futuro
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial pretende que el conjunto de la carrera judicial y así como los otros dos poderes del Estado, asimilen la carrera horizontal como una herramienta fundamental para mejorar nuestro Estado de Derecho promoviendo las condiciones para que sea incorporada en la carrera judicial, con el objetivo inmediato de asegurar que todos los jueces puedan promocionar en el puesto en igualdad de condiciones por medio de su competencia profesional, periódicamente evaluada por su desempeño, y con el fin mediato de garantizar una mayor independencia judicial.
De forma paralela, la Plataforma también trabaja de forma activa para que el nombramiento de los jueces que quieran llegar a los altos cargos judiciales, que seguirán existiendo, puedan hacerlo mediante sistemas baremados de forma objetiva, o bien por sorteo o por elección democrática de los jueces del territorio conforme a la regla un juez/un voto, según la clase de cargo judicial de que se trate.
