Zunzunegui y Jausas acusan al Santander de “infringir los deberes de lealtad e información”, según informaron los bufetes en un comunicado.

Los abogados de casi un centenar de afectados piden al organismo regulador que estudie la posible “incoación de expedientes sancionadores”, ya que el hecho relevante enviado ayer por la entidad al organismo regulador “no expresa todos los hechos que pueden influir de forma sensible en la decisión de los inversores”.

Ponen de manifiesto que en el ofrecimiento telefónico realizado por el Banco Santander a los clientes particulares, la entidad “no ha informado” de que “no tiene obligación” de recomprar las acciones preferentes dentro de 10 años, ni de que éstas “no cotizan y por tanto no son líquidas”, apuntan.

“Los inversores que aceptasen la oferta no podrían obtener dinero líquido, salvo que el Banco Santander decida comprárselas”, explican los expertos.

Zunzunegui y Jausas consideran también que el valor de la emisión de estas acciones es “como máximo del 37% de los inversiones”, al ser la emisión de 1.380 millones de euros y haberse provisionado por 500 millones.

Advierten de que la entidad “no permite” a los clientes obtener copia de los contratos que deben firmar en las oficinas y que les obligan a firmar “antes del 5 de febrero” con la advertencia de que la oferta “se deja sin efecto”, con la única solución de acudir a los tribunales.

Acusan al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, de “infringir su compromiso” de reunirse con los abogados de los afectados y de ocultar que la entidad “podría recuperar del HSBC la totalidad” de los 2.330 millones de euros invertidos por los clientes mediante acciones judiciales o una negociación.

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