Ramírez declaró que la reforma, aprobada este miércoles en la Cámara Alta, «mantiene la falta de regulación de estos centros (de Internamiento de Extranjeros, CIE) y la total falta de tutela judicial efectiva, por lo que no se puede aceptar que se amplíe el internamiento».
Además, puso en duda que la situación de los internos en los CIE vaya a mejorar permitiendo el acceso a los mismos a representantes de ONG, tal y como recoge la reforma, porque, según dijo, «no sabemos cómo se va a producir ese acceso, que puede quedar sólo en un brindis al sol».
«No sólo porque las ONG puedan acceder a los centros significa que todo va a mejorar, sino que esto depende del sistema judicial español, de los abogados y de las embajadas de los internos», apostilló.
Ramírez concluyó que lo «único positivo» de la reforma de la Ley de Extranjería es lo que ha motivado precisamente la necesidad de un nuevo texto y es la incorporación de las sentencias del Tribunal Constitucional para que los inmigrantes irregulares puedan disfrutar de los derechos de reunión, asociación y huelga.
«Positivo y novedoso no hay nada», sentenció.
