El órgano de Gobierno de los jueces da carpetazo de esta forma a la solicitud de los dos letrados, que presentaron un recurso de alzada después de que el Pleno rechazara su petición.
Mazón y Panea explicaban en su escrito que el magistrado «recibió un segundo salario de entidad privada sin obtener previamente la autorización de compatibilidad», en referencia a los presuntos cobros percibidos por el juez del Banco Santander durante su permiso.
El CGPJ indica que «no consta que haya tenido lugar el mencionado pago». El ponente Félix Azón destaca también que el Tribunal Supremo se encuentra investigando estos hechos por lo que en caso de acceder a la solicitud de los abogados se incurriría en «una situación de naturaleza ‘prejudicial'».
«El CGPJ ha de respetar el ejercicio independiente de la función jurisdiccional por los Juzgados y Tribunales«, agrega el escrito.
La resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede recurrirse ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en un plazo máximo de dos meses.
