Cinco de las siete asociaciones de Jueces y fiscales han convocado una huelga para este miércoles, 20 de febrero, en protesta contra las reformas legislativas promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Las entidades convocantes, -Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales- critican, entre otras medidas, la supresión de jueces y fiscales sustitutos, la imposición de tasas judiciales o la reforma del CGPJ, que según ellos conlleva la eliminación de la independencia judicial.
Sin embargo, y al margen del contenido de las reivindicaciones, el establecimiento de los servicios mínimos para la jornada de reivindicaciones también ha generado desacuerdo entre los cuerpos profesionales y sus órganos de gobierno.
Por un lado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sostiene que el ejercicio del «hipotético derecho de huelga de Jueces y Magistrados carece de soporte normativo» por lo que ha declinado fijar los servicios mínimos. Ante ello, ha sido el Comité de Huelga el que ha decidido concretar por su cuenta cuáles serán dichos servicios. Así, está previsto que se paralicen todas las diligencias ordinarias y por el contrario sigan en funcionamiento cuestiones urgentes como los servicios de guardia, los registros civiles y las certificaciones de nacimiento y defunciones.
A nivel normativo, la Constitución recoge en su artículo 28 el derecho fundamental de huelga. Sin embargo, el Real Decreto Ley que regula la cuestión no se modifica desde 1977, por lo que en la actualidad se producen muchas situaciones de práctico vacío legal.
Sea como fuere, la fijación de los servicios mínimos se ha gestionado de la misma forma que el pasado 18 de febrero de 2009, cuando jueces y fiscales llevaron a cabo la primera huelga de la etapa democrática para reclamar una mejora de la infraestructura judicial.
«Ahora es peor. Pedimos que no maten a la independencia judicial», explica José Luis González Armengol, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria. Este juez decano de Madrid asegura que el CGPJ no se quiere pronunciar por lo que «simplemente se da por enterado». Tampoco lo ha hecho el Ministerio de Justicia, quién, según Armengol, tiene la competencia para fijar los servicios mínimos para el cuerpo de fiscales.
«Nosotros hemos hecho el preaviso con más de 10 días de anticipación, tal y como establece la ley, y por lo tanto podemos ejercer nuestro derecho de huelga ya que hasta ahora no se ha suspendido ninguno de los proyectos legislativos que están en marcha«, lamenta Armengol.
Por su parte, el portavoz de la asociación indica que «las promesas se manifiestan a través de los hechos» por lo que no da ningún valor al anuncio hecho por parte del Ministro de Justicia sobre la rebaja de algunas tasas judiciales, una de las reivindicaciones más repetidas por parte de todos los colectivos jurídicos. Tampoco considera relevante que la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre jueces, no secunde la protesta ya que, según indica, «la mayoría de sus asociados harán huelga».
La Asociación Profesional de la Magistratura, al margen
El pulso mantenido entre ambos colectivos y el Ministerio de Justicia lleva meses de tensión. Aunque jueces y fiscales expresaron hace algunas semanas su voluntad de desconvocar la huelga si se producía una «respuesta institucional suficiente» ambos aseguran que hasta ahora el Ministerio de Justicia no ha adoptado «ninguna iniciativa para desbloquear esta situación de conflicto».
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ha destacado que las organizaciones convocantes «no son mayoritarias» y que a pesar de reivindicar fines «legítimos», estos se pueden alcanzar «en algunos momentos y en otros no, dependiendo de muchas cosas, y muy especialmente de la crisis económica que estamos atravesando».
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura, que no secunda la huelga -como tampoco lo hace la Asociación de Fiscales-, ha emitido un comunicado en el que comparte la oposición al Anteproyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial pero expresa que «la medida de protesta no es la más adecuada en la actual situación de crisis institucional por la que atraviesa nuestro país».