Ovidio Sánchez
Ovidio Sánchez

La Comisión de Economía del Congreso aprobará este jueves el proyecto de ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que procede del ‘macrodecreto’ presentado por el Gobierno a principios de julio, tras dos sesiones de debates parlamentarios y antes de remitirlo al Senado para que continúe su tramitación. La norma modifica una treintena de leyes de hasta nueve ministerios diferentes.

Los grupos de la oposición parlamentaria mostraron este miércoles su rechazo a la norma, que está siendo debatida como proyecto de ley y a la que que prácticamente no se han introducido cambios que modifiquen aspectos sustanciales del texto.

La ley contiene decenas de actuaciones propuestas por los ministerios de Economía, Hacienda, Empleo, Fomento e Industria que avanzan en la liberalización del comercio, limitan las comisiones por los pagos con tarjeta, bonifican la contratación de jóvenes, reforman el sistema gasista, mejoran la competitividad de aeropuertos y puertos, y bajan las retenciones fiscales a los autónomos con menores rendimientos, entre otras cosas.

El PP ha propuesto enmiendas transaccionales a varios grupos, que algunos como el PSOE no han aceptado, mientras que ha llegado a acuerdos con PNV, CiU e IP sobre cuestiones que éstos han calificado de “menores”.

El texto será remitido automáticamente al Senado para continuar su tramitación, que se rige por la vía de urgencia, lo que acorta los plazos a la mitad, a pesar de que sus medidas están en vigor desde el 4 de julio, cuando el decreto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Cabe destacar que PSOE, IU-ICV-CHA y UPyD han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la norma.

Bonificaciones a la cotización

La intención del Gobierno (manifestada a través de las enmiendas del PP) es permitir que las bonificaciones a la cotización (300 euros mensuales durante un máximo de seis meses por cada joven de 16 a 25 años contratado) se puedan utilizar al máximo.

Para ello, la normativa prevé que el dinero se use para cubrir cotizaciones de otro trabajador si la cuota empresarial que se paga por el joven es inferior a la cuantía de la bonificación, que además se puede compatibilizar con otros incentivos, como la tarifa plana por contratos indefinidos. El único límite es que la liquidación no resulte negativa.

No obstante, otras formaciones como el PSOE, UPyD o CiU, reclamaron que se eleve a los 30 años la edad máxima para acogerse a la Garantía, y la formación magenta propone que las bonificaciones a la contratación puedan copar hasta un 33% de los fondos destinados a este programa. Por su parte, la izquierda plural (IU-ICV-CHA) pidió anular todas las bonificaciones, que a su juicio no fomentan la contratación, y utilizar el dinero en otras medidas como becas para las acciones formativas que no lleven aparejado un contrato.

 

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