Ha hecho público un documento de conclusiones orientado a alcanzar unos estándares judiciales comunes en toda Europa para acabar con la impunidad de los autores de abusos y agresiones a menores y asegurar la protección de las víctimas y sus derechos desde diferentes ámbitos (justicia, educación, salud, políticas sociales, asistencia sanitaria etcétera).

En su discurso de clausura, la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Purificación Morandeira, ha destacado “la necesidad de alcanzar un marco regulador común para la protección del menor en los procesos civiles y penales, donde se tenga en cuenta la especial sensibilidad y vulnerabilidad de estas víctimas de abusos”.

También ha solicitado “la implicación de todos los profesionales que atienden a los menores para que su paso por los juzgados no conlleve efectos colaterales negativos”.

Esto es lo que, en el documento de conclusiones de la Conferencia, se denomina “Justicia adaptada a los niños”. En este sentido, las recomendaciones del Consejo de Europa apuntan a medidas tales como el uso del vídeo (en lugar de las vistas judiciales directas con presencia de menores víctimas de abusos y sus agresores); la información a los niños del estado de los procedimientos judiciales; la cooperación de jueces, psicólogos y asistentes sociales para aliviar cualquier sufrimiento añadido durante el procedimiento judicial y el aumento de la protección de los menores mediante medios tecnológicos adecuados.

Los participantes en la Conferencia de Toledo inciden en sus conclusiones no sólo en la persecución sino también en la prevención de cualquier forma de violencia contra los menores, con especial atención al papel relevante que el sector privado puede desempeñar en la detección de los delitos de abuso y explotación sexual de los niños.

Por ello, se solicita la colaboración con las autoridades de los proveedores de servicios de Internet, de las compañías de teléfonos móviles y, en general, de toda la industria tecnológica para evitar los casos de pornografía infantil e informar a los usuarios de las sanciones penales por este tipo de delito.

Además, se recomienda a los gobiernos que obliguen a los proveedores de servicios de Internet a retener el tráfico de datos durante un periodo fijo de tiempo, de manera que puedan ayudar así a las investigaciones internacionales bajo supervisión judicial. Las empresas financieras internacionales con servicios de pago por Internet deberían también colaborar con las investigaciones de la red relacionadas con el abuso de niños.

Y la industria hotelera y de turismo tendría que informar adecuadamente a sus usuarios de los códigos de conducta correctos para evitar las consecuencias penales derivadas de su incumplimiento.

La conferencia internacional de Toledo se ha celebrado en el marco de la presidencia rotatoria del Comité de Ministros del Consejo de Europa que detenta España hasta el próximo mes de mayo. Le sucederá entonces Eslovenia.

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