Los juzgados españoles tienen trabajo pero mucho menos de lo que apunta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “No es cierto el exceso de litigiosidad de que se habla tanto”, ha anunciado hoy Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en la presentación de un informe de investigación que echa por tierra las cifras oficiales de procesos y que pone en evidencia la transparencia del máximo órgano judicial.
El CGPJ acredita que en 2011 hubo un total de 9,04 millones de procesos judiciales tramitados, pero según el estudio realizado por el Consejo de la Abogacia Española en unión con la Universidad Autónoma de Madrid, la cifra real se reduce a tan sólo 1,83 millones de procesos, un 80% menos que el dato oficial, que está engordado por una contabilidad duplicada, la inclusión de procesos en los que no hay actuación de un juez, las diligencias previas y una forma errónea de llevar a cabo la estadísticas de litigiosidad.
Dentro del orden Civil, el CGPJ afirma que hubo un total de 1,07 millones de procesos, cuando la realidad, según el CGAE, es que sólo hubo 717.559. La disparidad de cifras es aún mayor en el orden Penal, donde las cifras oficiales hablan de 6,5 millones de procesos, cuando el estudio de la Autónoma apunta a 700.000 causas.
El responsable del estudio de investigación, el doctor en Derecho y profesor de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma, Gilberto Pérez del Blanco, explicó que estos desfases entre los datos oficiales y sus conclusiones responden a la “inercia” ya que desde las instituciones oficiales no se ha querido cuantificar los procesos legales que realmente existen cada año en España.
Esta es la principal conclusión del informe ‘Situación actual de la Administración de Justicia en España: un análisis desde el Derecho Procesal’. “La situación estadística de la Jurisdicción adolece de importantes carencias, tanto a la hora de recopilar los datos de la actividad de los órganos jurisdiccionales como, sobre todo, de su tratamiento y puesta a disposición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por ello, el análisis de los datos estadísticos reflejados en la Memoria del CGPJ es muy sesgado y no puede ser tomado en consideración para determinar la litigiosidad real en la Administración de Justicia ni, por tanto, puede servir de base para proponer cualquier reforma que persiga un funcionamiento más eficiente”, concluye el Consejo de la Abogacía Española.
Tras esta investigación, que parte de las cifras dadas por el CGPJ, Carnicer reclama que las conclusiones de este estudio sean tenidas en cuenta por a la hora de afrontar las reformas judiciales. Aseguró que el sistema judicial debe basarse en la “confianza” y la “fiabilidad”, algo que dijo parte de un conocimiento verdadero y fiable de lo que sucede en los juzgados españoles.
