Tribunal ConstitucionalEl Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensión decretada sobre varios preceptos de la Ley de Seguridad Pública del País Vasco. Dicha norma quedó suspendida después de que el alto tribunal admitiera a trámite el recurso del gobierno central, pero ahora levanta la medida al entender que los argumentos esgrimidos por el Estado “no son suficientes” para mantener las medidas cautelares.

La Abogacía del Estado presentó el recurso a instancias del gobierno central contra cuatro preceptos de la citada ley. El primero de ellos hacía referencia a la capacidad de Euskadi para autorizar centros docentes privados de estudios policiales. El segundo artículo recurrido contemplaba la inclusión de la Administración del Estado en el Consejo de Seguridad Pública de Euskadi. En tercer lugar, el gobierno recurrió porque la normativa establece que los convenios para la prestación de servicios conjuntos de policía local entre varios municipios se suscribirán con las condiciones determinadas por la normativa estatal. Y finalmente, el cuarto precepto que fue motivo de recurso es el que establece que cada cinco años el Gobierno Vasco aprobará un plan general de seguridad de Euskadi sobre las previsiones generales de riesgo, actuaciones y medios en materia de seguridad y emergencias.
Tras admitir a trámite el recurso, la ley quedó suspendida por un período máximo de cinco meses, tal y como establece la ley y el tribunal dio traslado a las partes personadas para que opinaran sobre el levantamiento o mantenimiento de la medida cautelar.
El abogado del Estado pidió que se prorrogara la suspensión, mientras el Gobierno y el Parlamento vascos solicitaron su levantamiento. Según reiterada doctrina del TC, el mantenimiento de la medida cautelar exige, en este caso al abogado del Estado, que demuestre la existencia de los perjuicios que causaría el levantamiento de la suspensión y que razone de forma “consistente” que esos perjuicios resultan de “difícil reparación”. En este caso concreto, el Pleno del Tribunal Constitucional entiende que los argumentos esgrimidos por la representación legal del Estado no son suficientes para prorrogar la suspensión por lo que, en la medida en que debe primar “la presunción de constitucionalidad de la que goza la norma” cuestionada, acuerda levantar la medida cautelar.
De esta manera, a partir del auto del tribunal y hasta que no se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, la norma estará en vigor.