buqueLa Comisión Europea ha exigido a España que recupere las ayudas concedidas a los astilleros mediante bonificaciones fiscales entre 2007 y 2011 al considerar que generaron competencia desleal. Las subvenciones, cifradas alrededor de los 2.000 millones de euros, deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.

El vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, exigía la devolución de las ayudas desde 2005 mientras que el ministro de Industria, José Manuel Soria, pidió limitar el reembolso a las bonificaciones concedidas después de 2011, cuando Bruselas empezó a investigar el sistema tributario español. Según los astilleros, la decisión pone en riesgo 87.000 puestos de trabajo y condena al sector a desaparecer.

La decisión de Bruselas se basa en el régimen de ‘tax lease’ español, un sistema de incentivos fiscales a la inversión en buques y en otros activos. Mediante este régimen y entre 2001 y 2011 se financiaron en España 272 buques. Fue entonces cuando Holanda, Noruega, Finlandia y Portugal denunciaron el sistema español ante la Comisión Europea, que finalmente ha resuelto que que el régimen de arrendamiento fiscal para la adquisición de buques no es compatible con las normas de la UE en materia de ayudas estatales. Concretamente, el Ejecutivo comunitario considera que el régimen de ayudas español vulnera las normas de la Unión Europea porque concedió una «ventaja selectiva» a sus beneficiarios respecto a los rivales.

Nuevo régimen de ‘tax lease’ 

Actualmente, la materia está regulada por un nuevo régimen de ‘tax lease’ que entró en vigor el pasado mes de enero, a través de al aLey 16/2012, de 27 de diciembre. Sus características esenciales, tal y como explica la abogada Mercedes Duch en una tribuna publicada en este diario, parten de que será de aplicación a cualquier bien adquirido mediante arrendamiento financiero (y no sólo a buques como ocurría en la práctica con el anterior sistema), siempre que no se fabriquen en serie y su periodo de fabricación sea como mínimo de un año. Para evitar la problemática generada a consecuencia del anterior régimen, el nuevo sistema ha sido considerado como una «medida general» que no constituye una ayuda de Estado, de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Sin embargo, la legalidad del régimen tributario se ha vuelto a poner en duda tras la interposición de un recurso por parte de un astillero holandés, el pasado 8 de marzo, que considera que la Comisión está incumpliendo el artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo a las ayudas de Estado. Así, «lo que nació como un intento de reactivar el sector de la construcción naval español, que tras la suspensión del anterior ‘tax lease’ por la UE llevaba más de un año expectante de concretar nuevas medidas para poder contratar en condiciones comparables al resto de sus competidores en Europa, vuelve a convertirse en una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica», asegura Duch.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.