En torno a la noción de “falta de servicio”

Madrid Arena1. Introducción. 2. Posible omisión por parte de una Administración de cumplir su deber legal de tomar los recaudos que hubieran impedido las deficiencias que ocasionan una tragedia. 3. Similitudes entre las distintas tragedias. Razonabilidad y eficiencia de la normativa de seguridad. 3.1. El caso “Madrid Arena”. 3.2. El “caso Cromañón”. 3.3. El caso de la discoteca “Kiss”. 4. Conclusiones

Por Beltrán Gambier (*) y José Daniel Amoedo Barreiro (**)

 

1.Introducción

La reciente tragedia ocurrida en el “Madrid Arena” recibió un exhaustivo análisis de carácter mediático-social por parte de la prensa y la opinión pública en general, aunque ha sido escaso, hasta donde conocemos, el enfoque de tipo jurídico realizado sobre este tristísimo acontecimiento.

Es natural que ante un hecho de características tan singulares, el clamor popular y el de las familias afectadas exija medidas inmediatas y contundentes que se traduzcan en responsabilidades jurídicas –predominantemente en el campo penal- y políticas.

Nos interesa centrarnos en una perspectiva ofrecida desde el derecho administrativo y, en particular, desde la teoría de la responsabilidad estatal, considerando la idea de que sea plausible la pretensión, por parte de las víctimas, de un resarcimiento por la deficiente actuación estatal, tanto en forma activa como omisiva.

Es lo habitual, en casos de este tipo, que la responsabilidad que en un principio podría corresponderle al Estado se diluya de manera natural o inducida, culminando con la certeza de que el único y principal responsable por los hechos es el organizador de la fiesta o evento que terminó en tragedia. En los tres casos que comentaremos a continuación se podrá comprobar como la imputabilidad por los hechos es normalmente trasladada a los organizadores, al menos en los primeros momentos, sin que gravite de modo decisivo el análisis de la configuración de la responsabilidad estatal.

El suceso ocurrido en el “Madrid Arena” (Madrid, 1º noviembre de 2012), así como la aún más reciente desgracia ocurrida en la discoteca “Kiss” (Río Grande do Sul, Brasil, 2013), o la denominada “tragedia de Cromañón” (Buenos Aires, 2004) cuentan con similitudes significativas que nos conducen a una serie de reflexiones comparativas desde la perspectiva indicada.

2. Posible omisión por parte una Administración de cumplir su deber legal de tomar los recaudos que hubieran impedido las deficiencias que ocasionan una tragedia

En este tipo de casos es menester analizar la configuración de una posible “falta de servicio”, para el supuesto en que se pretenda atribuir responsabilidad al Estado por la posible omisión del cumplimiento de su deber legal de haber tomado los recaudos que hubieran impedido las deficiencias que ocasionaron las tragedias.

De configurarse dicha “falta de servicio”, resultaría una evidente responsabilidad estatal respecto del daño ocasionado a las víctimas y sus familiares por unos trágicos hechos que no se habrían producido en caso de que se hubieran tomado las medidas de seguridad apropiadas. Esta responsabilidad, naturalmente, podría dar lugar a la reparación patrimonial por el funcionamiento irregular o defectuoso del servicio. Esto, claro está, con independencia de las conductas que puedan resultar delictuosas.

Una vez precisado el enfoque, nos interesa valorar cómo se presenta éste en el marco de las tragedias ocurridas.

3. Similitudes entre las distintas tragedias. Razonabilidad y eficiencia de la normativa de seguridad

Desde la perspectiva comparativa se puede afirmar que todas estas tragedias ocurrieron debido a la existencia de una serie de deficiencias de carácter técnico –vinculadas con la seguridad- que no fueron advertidas o debidamente cuidadas. Igualmente relevante fue la irrupción de artefactos pirotécnicos (bengalas) en los tres incidentes mencionados, aunque con diferentes protagonismos de éstos y consecuencias también dispares.

Asimismo, es significativo el hecho de que las muertes se hayan producido en gran parte por asfixia, lo que parece indicar que en los locales donde ocurrieron los hechos no existían salidas de emergencia suficientes, o bien éstas no eran lo suficientemente amplias como para permitir una salida apresurada de un número considerable de personas (el que corresponda en relación al aforo permitido).

Teniendo en cuenta las características comunes de estas megafiestas o espectáculos públicos, cabe preguntarse qué recaudos debe tomar una Administración para que la seguridad esté garantizada.

En este sentido, lo primero que le corresponde a cualquier Administración es velar por el cumplimiento, a través de la correspondiente reglamentación, de los aspectos técnicos y edilicios teniendo en cuenta que en una situación extrema, los mismos pueden ser determinantes para salvar una vida o provocar una muerte. Esa actividad reglamentaria se traduce en el otorgamiento de licencias administrativas que habilitan el funcionamiento de espacios de este tipo.

En segundo lugar, corresponde determinar si los protocolos de seguridad exigidos a los organizadores por parte de la Administración –a través de una reglamentación diferente de la anterior- son los adecuados para impedir sucesos trágicos como los acaecidos.

Considerando lo ocurrido en los tres casos, correspondería analizar si las administraciones implicadas cumplieron o no adecuadamente con las pautas que acabamos de señalar.

3.1. El caso “Madrid Arena”

En este caso cabría analizar la responsabilidad que le corresponde al Ayuntamiento de Madrid, tanto por las exigencias de seguridad edilicias como las operativas o de funcionamiento.

En relación con ello, particular relevancia cobrará lo atinente a las circunstancias en las que se produjo el control de acceso y de aforo para determinar si se realizó de manera adecuada y conforme a los protocolos de seguridad, evitando, por ejemplo, el ingreso de artefactos pirotécnicos –bengalas- cuyo uso al parecer fue la causa del pánico que provocó la estampida y posterior aglomeración en las salidas.

En este sentido, es paradójica la rigurosidad técnica que se exige a los establecimientos privados del mismo tipo del “Madrid Arena”, ya que tratándose de un local propiedad del Ayuntamiento, cuyo tratamiento debería de ser ejemplificante, se han descuidado –según ha trascendido- aspectos de gran relevancia para el correcto y seguro de funcionamiento del complejo.

3.2. El “caso Cromañón”

Los hechos, ocurridos en el año 2004 en la discoteca “Cromañón” de Buenos Aires, supusieron una de las mayores y más lamentables tragedias de las sucedidas en Argentina. En este caso fue también una bengala la protagonista del horror, que provocó la estampida de los concurrentes hacia las puertas agolpándose en las mismas sin poder salir, muriendo muchos de ellos por asfixia. A diferencia del caso anterior, la bengala impactó sobre una tela que colgaba del techo del local que se utiliza para el aislamiento acústico, provocando un incendio y una humareda irrespirable. Al parecer la tela utilizada para impedir el paso del sonido en dicho local no era ignífuga como exigía la normativa municipal, sino que esta era de una calidad inferior, mucho más barata, que muy probablemente una adecuada inspección técnica hubiera advertido y corregido. Lo mismo sucede con el resto de deficiencias que se confirmó que existieron tras la tragedia: exceso de concurrentes, ingreso de menores, indebida señalización de las salidas y bloqueo de las mismas, falta o insuficiencia de matafuegos y detectores de humo; todas ellas fácilmente advertibles y corregibles.

La justicia que intervino en el caso (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, fallo de la Sala III del 10 de junio de 2010, caso “TOPUZ ROMINA C/ EN . M° JUSTICIA – PFA –SUPERINTENDENCIA DE BOMBEROS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”) consideró pertinente “…evaluar la conducta de quienes deberían haber tomado los recaudos del caso para prevenir los resultados conocidos como así también de los que contribuyeron a que se produjeran una serie de irregularidades que permitieron que se desatara el incendio y los posteriores daños y, asimismo, de quienes impulsaron y desarrollaron un evento de las características conocidas en un lugar que no era apto para esa finalidad…”.

Como puede apreciarse, es una reflexión extrapolable a cualquiera de los tres casos mencionados en el presente artículo.

3.3. El caso de la discoteca “Kiss”

Es en cambio en el caso de la discoteca “Kiss”, ocurrida en Río Grande do Sul (Brasil) en enero de este año, en el que surgen todavía muchas dudas por lo reciente de la tragedia y la necesidad de que se esclarezcan del todo los hechos que allí acontecieron.

Al parecer la desbandada de los asistentes se debió también a una bengala, que en este caso encendió un integrante del grupo musical que brindaba el show en el local, provocando tras su impacto en el material acústico del techo, una deflagración seguida de una humareda tóxica que desató el horror entre los asistentes, que intentaron huir por la única puerta del local, que se encontraba cerrada y que, al parecer, las personas de seguridad que la custodiaban se empecinaron en mantener cerrada.

De la información periodística examinada –dada la ausencia de información jurídico-doctrinal respecto al asunto- no surge la mención de deficiencias técnicas como causas directas o indirectas de la tragedia, aunque a priori resulta llamativo que un local con un aforo para 2000 personas cuente con sólo una puerta para entrar y salir del recinto, y que el mismo no esté revestido con materiales acústicos ignífugos. Estos detalles pueden llegar a ser determinantes para la configuración de la responsabilidad civil que le podría corresponder al Estado y/o a los particulares en relación con los hechos ocurridos.

4. Conclusiones

Desde esta perspectiva, entonces, será necesario analizar, en cada caso concreto, hasta qué punto se han cumplido de un modo irregular los deberes legales. Este análisis permitirá responsabilizar al Estado, ya sea por acción u omisión. Esta última, la omisión, será antijurídica justamente cuando haya sido razonable esperar que se actuara en un determinado sentido, en aquel que tienda a evitar daños en la persona o bienes de los individuos. Del mismo modo, deberán analizarse las conductas de los demás protagonistas, también activas u omisivas, para determinar el cuadro general de responsabilidades.

Todo lo expuesto nos provoca la necesidad de un replanteamiento de la concepción habitual de imputabilidad en relación a este tipo de catástrofes y, también, la necesidad de revisar la razonabilidad de los marcos regulatorios de estos espectáculos masivos.

(*) Beltrán Gambier es abogado especializado en Derecho Administrativo
(**) José Daniel Amoedo Barreiro es abogado especializado en Derechos Humanos

1 Comentario

  1. Dado que cada Administración Pública posee su propia personalidad jurídica (y su responsabilidad) y su ámbito de competencias, predicar la responsabilidad (directa, solidaria o siquiera subsidaria) del Estado respecto de la actuación (o inacción) de cargos públicos del Ayuntamiento de Madrid podría resultar exagerado e incluso abusivo.

    Otra cuestión sería si dichos cargos habrían de responder con su patrimonio y también, ¿por qué no?, el Partido que los presentó a dichos cargos (creo -en este país ya no hay nada seguro- que el nombramiento como Alcaldesa fue a propuesta del PP -no precísamente por elección directa- e igualmente los Concejales).

    Todo ello, claro, salvo su más fundada y autorizada opinión.

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