El último  Consejo de Ministros analizó  un informe sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de los organismos supervisores. El objeto de la norma es crear la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, que agrupará las funciones de supervisión de los organismos independientes existentes en la actualidad. El texto será remitido a las distintas autoridades supervisoras, así como a las instituciones en materia de consumidores y usuarios.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que los organismos supervisores son instituciones necesarias para salvaguardar la competencia y la apertura a nuevos prestadores de servicios. Sáenz de Santamaría explicó  que se han observado duplicidades y contradicciones entre los informes de los ocho organismos reguladores actuales, lo que implica una desprotección del mercado y los consumidores.

Con esta norma, según la vicepresidenta, el Gobierno quiere  «transformar toda esta pluralidad de organismos reguladores en un único organismo supervisor de los mercados y de la competencia, para incrementar la independencia, fortalecer la profesionalidad, ganar en competitividad y en eficiencia».

La vicepresidenta avanzó que la futura Comisión Nacional de Mercados y Competencias tendrá 9 miembros, que serán propuestos por el Gobierno y pasarán una entrevista en el Congreso, que podrá vetar su nombramiento por mayoría absoluta. Sáenz de Santamaría, sin embargo, no aclaró qué sucederá con las sedes de los supervisores ‘eliminados’(que se racionalizarán) ni, aún más importante, con sus trabajadores.

Los afectados serán la Comisión Nacional de la Competencia, la del Merrcado de las Telecomunicaciones (con sede en Barcelona), la de Competencia, la del Sector Postal, el Consejo Estatal de Medios audiovisuales, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Comité de Regulación Ferroviario. De este grupo, subrayó la vicepresidenta, la mitad deviene de la Ley de Economía Sostenible aprobada por el anterior Ejecutivo

Sáenz de Santamaría explicó además que las razones de este achique regulatorio -que está en línea con lo que se hace en Europa, dijo- son esencialmente ganar en transparencia, competitividad, eficiencia, seguridad jurídica y protección de los mercados y de los consumidores.

El nuevo organismo estará adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, tendrá su sede en Madrid, pero existe la posibilidad de establecer subsedes.

Sáenz de Santamaría aseguró que esta medida de racionalización «supone un importante ahorro para las arcas públicas», ya que se pasará de 52 consejeros a 9. Sólo en sueldos y retribuciones el ahorro supera los 4 millones de euros

La decisión implica que la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), ubicada en Barcelona desde su creación, podría ser aprovechada como subsede de la nueva Comisión Nacional de Mercado y Competencias. «El propio anteproyecto prevé la construcción o el aprovechamiento de las actuales para poder abrir subsedes de este organismo al margen de Madrid, en otras comunidades autónomas o ciudades que por su volumen de actividad así se haga aconsejable», ha añadido.

En el caso de la CMT «puede ser aprovechada para subsede de este organismo con lo que en ese ámbito no sólo operaría una parte de los mercados, sino el conjunto de los mercados, lo que redundaría en eficacia», ha afirmado.

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