El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dado su visto bueno a un Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que unifica en un único texto toda la normativa reguladora de este tipo de sociedades en España y refuerza la seguridad jurídica en la materia.
La aprobación de esta nueva Ley, que entrará ya en vigor, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, responde al mandato de las Cortes Generales establecido en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
Dicha Ley concedía un plazo de doce meses, desde su entrada en vigor el 4 de julio de 2009, para refundir en un único texto la normativa anteriormente dispersa en cuatro normas.
Así, la nueva Ley de Sociedades de Capital recoge la normativa referente
a las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas cotizadas y las sociedades comanditarias por acciones.
Se pone fin a la insuficiente coordinación de los distintos tipos sociales, así como a las imperfecciones y lagunas existentes en una materia de gran importancia, ya que la gran mayoría de sociedades constituidas y operantes en nuestro país son limitadas o anónimas.
Además, con esta nueva norma se sientan las bases del derecho de sociedades español que, al encontrarse en un texto único, permitirá apreciar sus virtudes y posibles contradicciones en un momento en el que desde la Unión Europea se están tramitando normas que tendrán un impacto notable en nuestros tipos sociales, como es el próximo Reglamento de la Sociedad Privada Europea.
La dificultad de la tarea de refundición ha exigido que el Gobierno no se limitara a reproducir las normas legales implicadas en la nueva Ley, siendo necesario hacer uso de las facultades de regularización, aclaración y armonización previstas en el mandato parlamentario.
El Ejecutivo considera esencial el principio de seguridad jurídica y la actualización y modernización del derecho mercantil por su incidencia e impacto favorable en el conjunto de la actividad económica.
Esta actividad se engloba dentro de un proceso más amplio que pueda dar lugar a la elaboración de un Código de las Sociedades Mercantiles o, incluso, un nuevo Código Mercantil al servicio de las exigencias de nuestra economía y la unidad de mercado.
