La decana del Colegio de la Abogacía, Mª Eugenia Gay, ha mostrado su disconformidad de mantener y prorrogar el actual plan de los juzgados de “cláusulas suelo” porque no resuelve el alud de demandas presentadas contra las entidades bancarias. La decana ha hecho pública esta denuncia en el marco del acto presentación del “Informe de la Justicia 2018”, que realiza el Colegio para analizar el estado y funcionamiento de la Administración de Justicia, y especialmente la evolución en la demarcación territorial del ICAB –que incluye a Barcelona y a las 11 delegaciones, situadas en Arenys de Mar, Badalona, Berga, Gavà, Hospitalet, Igualada, El Prat de Llobregat, Sant Boi, Santa Coloma de Gramanet, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú.

A este acto también asistieron el secretario, Jesús Sánchez; la diputada responsable de la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia (CRAJ), Cristina Vallejo, y otros diputados de la Junta del Gobierno.

Cláusulas suelo

En relación a la problemática de las cláusulas suelo, la decana afirmó ha afirmado que “su implementación por parte del CGPJ y la prórroga de las medidas que los crearon ha demostrado, de forma evidente, que no resulta capaz de resolver el alud de demandas presentadas contra las entidades bancarias como consecuencia de las demandas individuales de los consumidores en materia de condiciones generales de la contratación de los contratos de financiación hipotecaria”.

En este sentido, ha añadido que “ni los medios, ni la organización de estos juzgados ha sido la adecuada, de forma que –desde el principio- se han colapsado frente al elevado número de reclamaciones de los consumidores”. Los datos así lo han demostrado, ya que la tasa de resolución -el cociente entre el número de asuntos resueltos y de los asuntos ingresados- en este tipo de juicios desde el 2º trimestre del 2017 hasta al primer trimestre de 2018 es del 6,6% (pese a que el primer trimestre de 2018 ha mejorado), es decir, una de las más bajas de toda España, según el propio CGPJ.

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona también afirmó que, teniendo en cuenta los datos del CGPJ, “el 98,3% de las sentencias han sido favorables a las reclamaciones de los consumidores durante el 2017; un porcentaje claramente ineficaz, puesto que obliga a los consumidores a esperar toda la tramitación hasta el fallo”. Y ha apostillado que “en este momento, se puede estimar una espera entre 2 y 3 años hasta llegar a sentencia”.

Hay que modificar el Real Decreto Ley 1/2017 en materia de cláusulas suelo

Por estos motivos, el ICAB considera que el CGPJ y el resto de administraciones con competencias en materia de administración de justicia tienen que elaborar coordinadamente un plan que tenga en cuenta una efectiva protección de los consumidores y usuarios, aplicando criterios de proximidad de la justicia a la ciudadanía y teniendo en cuenta la implantación de la mediación extrajudicial e intrajudicial en este tipo de asuntos.

En este sentido, desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona se propone modificar el Real Decreto Ley 1/2027, del 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, con tal de implementar medidas reales de mediación en este tipos de conflictos y evitar que esté únicamente en manos de las entidades bancarias.

Colapso de la jurisdicción civil

Uno de los aspectos más preocupantes que se han detectado y que recoge el Informe de la Justicia 2018 es el colapso de la jurisdicción civil en la demarcación territorial del ICAB ya que en todas las jurisdicciones se reduce el número de asuntos pendientes, mientras que en la jurisdicción civil se incrementa un 17%.

En cuanto a los otros indicadores como la litigiosidad, que es el número de expedientes judiciales por cada mil habitantes, la decana ha expuesto que se ha incrementado en todas las jurisdicciones (excepción hecha de la jurisdicción contenciosa-administrativa), y que este dato pasa a ser preocupante si tenemos en cuenta el incremento del volumen de asuntos ingresados en la jurisdicción civil (un 10%) y en la jurisdicción social (un 6%)”. En este sentido ha indicado que los datos de 2017 demuestran que, en determinadas jurisdicciones –como la civil-, ha ingresado un 9% más de asuntos de los que se han resuelto.

En lo que a la duración media de los procedimientos respecta, Gay ha indicado que el tiempo de resolución de los expedientes judiciales (que se manifiesta a través de la nombrada tasa de pendencia) ha empeorado, hecho que puesto en relación con la tasa de congestión (número de expedientes ingresados más los pendientes al inicio del año dividido entre los resueltos), los lleva a una duración media de los procedimientos que difícilmente puede mejorar en determinadas jurisdicciones y expedientes. Pese a que la jurisdicción civil pueda mejorar numéricamente en el tiempo de duración de sus expedientes, la percepción de los profesionales de la abogacía encuestados por el ICAB es la contraria (empeora para entre un 89% y un 93% de los profesionales, según primera o segunda instancia).

Jurisdicción social

Desde el colegio de la Abogacía de Barcelona también se ha advertido que la jurisdicción social, pese a la regresión de la crisis económica, continúa asumiendo un volumen de asuntos muy superior al que ingresaba antes. Su situación no ha mejorado en este último año.

Gay ha indicado que desde el Colegio se considera que la falta de medios y de una organización eficiente –porque no se ha desarrollado la denominada nueva oficina judicial en la ciudad de Barcelona- provoca que la situación no mejore, pese al esfuerzo de los funcionarios y, particularmente, las tareas de conciliación y mediación de los Letrados de la Administración de Justicia y de los magistrados y magistradas. Y ha añadido que “la percepción de los abogados y abogadas del ICAB es que además de medios –personales y de juzgados- también se necesita una mejora en la organización de estos”.

Por este motivo, el ICAB considera necesario que los responsables políticos de todas las administraciones con responsabilidades públicas en materia de justicia se planteen la necesidad de abordar una reforma organizativa de la justicia que incorpore criterios de colegiación entre jueces y magistrados a la hora de resolver los expedientes judiciales y, además, de especialización en todos las órdenes jurisdiccionales, circunstancias que –por otro lado- deben ir definitivamente ligadas a una efectiva implantación de las TIC por tal de agilizar y coordinar las tareas de los diferentes profesionales que intervienen en la justicia.

Uso de las TIC

En lo que respecta al uso de las nuevas tecnologías, la decana del ICAB ha explicado que un 59% de los letrados encuestados por esta Corporación considera (después de haber experimentado el inicio de la implementación gradual –en determinadas jurisdicciones- de la e-justicia.cat) que no se han implementado correctamente las nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia, pero también ha indicado que el problema más importante radica en la falta de un sistema que sea eficiente en la notificación de las resoluciones judiciales por vía telemática. “Otra cosa debemos decir sobre la aplicación específica del sistema de videoconferencias en la relación abogado-cliente, que ha sido valorado como muy útil, pese a la todavía reducida utilización del sistema con los internos en los centros penitenciarios de Cataluña”.

Gay ha considerado que las TIC resolverían otro problema que, en este momento continúa siendo un incumplimiento flagrante de las garantías en el proceso penal español, como son las trabas que recibe la abogacía para acceder al atestado. Y ha afirmado: “Mientras no haya una digitalización efectiva, con garantías de acceso a los elementos de las actuaciones policiales y/o judiciales que sean esenciales para la defensa del detenido o preso, no podremos mantener que este tema se ha resuelto. Quien tiene que tener este acceso digital con garantías tiene que ser el abogado o abogada que ejerza en la defensa de esta persona”.

Falta de presencia efectiva de fiscales en expedientes y juicios en las delegaciones

El ICAB también ha denunciado la falta de presencia efectiva de fiscales en expedientes y juicios en determinadas delegaciones, especialmente en Vilafranca del Penedès y Berga. Hay ha explicado que “esta situación preocupa a la Corporación porque hace entrar en crisis la tramitación de muchos expedientes, con demoras y en perjuicio de las garantías de las víctimas y de los menores” y ha añadido que “de acuerdo con la ley del Estado orgánico del Ministerio Fiscal se deberían crear Fiscalías de Área y de Secciones Territoriales con las correspondientes plantillas de fiscales y con la dotación pertinente de funcionarios”. Por este motivo, el ICAB reclama una mayor coordinación entre diferentes administraciones (Ministerio, Fiscalía General del Estado, Fiscalía Superior de Cataluña y Departamento de Justicia).

Hay que tener en cuenta que pese a que este tema afecta a las delegaciones también es específicamente importante en el caso de los procedimientos de los juzgados de Familia y de estado civil de las personas y de incapacitaciones. En este sentido, Gay ha recordado que “la propia memoria del Decanato de los Juzgados de Barcelona pone de manifiesto la grave situación de estos órganos judiciales, que en los últimos dos años han duplicado el número de procedimientos que deben resolver”.

Trato en la abogacía

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona también ha resaltado que un porcentaje importante de quejas que realizan los abogados y que hacen llegar a la CRAJ (Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia) están relacionadas con los tratos que recibe la abogacía por parte de magistrados, jueces, fiscales y el resto de funcionarios que despliegan sus funciones y actividad en los órganos de la Administración de Justicia.

Proactivos para mejorar la administración de justicia

Por último, el ICAB y, muy particularmente desde la CRAJ, quiere poner en relieve que esta Corporación ha llevado a cabo, desde julio de 2017, un conjunto de iniciativas y actuaciones para encontrar soluciones a los problemas de la justicia: reuniones con decanos y decanas de Juzgados, así como con sus delegados y delegadas; y con decanos y decanas de Fiscalías, para establecer una relación directa con los responsables de las jurisdicciones y fiscalías que permitan encontrar soluciones a los problemas de los profesionales de la abogacía. Y, por descontado, con los diferentes miembros y delegados de las propias delegaciones del ICAB, para conocer de primera mano estos problemas a resolver.