Un día después de que el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, pidiera a la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, que el PSOE  planteara un recurso de inconstitucionaldiad contra la Ley de Tasas Judiciales, Rodríguez ha hecho pública la decisión del partido, que finalmente recurrirá la normativa ante el Tribunal Constitucional.

La portavoz del Grupo Socialista ha explicado que cuando comience el plazo pertinente tras su publicación en el BOE, el PSOE recurrirá la Ley ya que considera que se trata de una norma “claramente inconstitucional” porque “vulnera el derecho de tutela judicial efectiva”, “impide y obstaculiza el acceso de los ciudadanos a la justicia para la defensa de sus derechos”, y “modula que sólo quienes tiene recursos económicos puedan realmente acceder a la justicia”.

Según Rodríguez, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha diseñado una “justicia para ricos y para pobres”, una para quienes tengan los recursos necesarios para interponer determinadas acciones judiciales, y otra para el resto. “Una verdadera tropelía –ha sostenido- que no responde a ninguna razón económica ni de eficiencia, sino que es pura ideología, la peor ideología de la derecha”.

Una Ley muy criticada por la abogacía 

La decisión del PSOE tiene lugar una semana después de que la Abogacía española se manifestara de forma simultánea y contundente en la mayoría de sedes judiciales y colegiales de España para reclamar la inmediata retirada de la Ley, que entrará en vigor el próximo jueves día 22. Según manifestó Carlos Carnicer en la jornada de protesta, “no es de recibo que, si se aprueba esta ley, la inmensa mayoría de los españoles tengan que pedir un préstamo para poder pagar las tasas judiciales”.

La ley de tasas judiciales, que contempla incrementos de entre 50 y 750 euros y la inclusión en el sistema de las personas físicas, se aprobó definitivamente el pasado miércoles después de que el pleno del Senado rechazara hasta seis vetos y 150 enmiendas defendidas por todos los grupos parlamentarios, con excepción del PP.

Según el Gobierno, esta es una medida necesaria para disuadir aquellos que se pasan años recurriendo con el único objetivo de dilatar el proceso judicial y para financiar el servicio de justicia gratuita. Sin embargo, los argumentos del Ejecutivo no han logrado convencer a muchos profesionales del sector jurídico.

Un reportaje especial publicado por DIARIO JURÍDICO ya analizó, hace algunos meses, la opinión de abogados, secretarios judiciales y jueces respecto a unas tasas que finalmente han sido aprobadas por el Gobierno popular.