Reducir la litigiosidad de los juzgados mejorando el ratio juez por ciudadano y desarrollando un nuevo concepto de partido judicial, impulsar los métodos extrajudiciales para ofrecer al ciudadano otra vía más agil y rápida y desarrollar las tecnologías para que acudir al juzgado sea aún más sencillo son algunos elementos de la hoja de ruta de nuestra Justicia. Hace unos días, Unidad Editorial reunió a personalidades como Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, Juan Antonio Xiol, presidente del Supremo en funciones y de la Sala Civil de esta institución y Fernando Román, secretario de Estado de Justicia, entre otros invitados,  para analizar los retos de nuestra justicia en este entorno de crisis notable.

Se han cumplido ya los primeros seis meses de esta nueva legislatura y el ritmo de nuestro ministro de Justicia es notable. Reuniones con todos los interlocutores en su sede del Palacio de Parcent para consensuar, en la medida de lo posible las reformas que necesita nuestra justicia. “En un momento de crisis como el que se vive es aún más necesario apostar por la modernización y despolitización de nuestra justicia”, explicaba a un nutrido auditórium formado por juristas, abogados y profesores de Universidad. También volvía a insistir en el valor de la justicia como competitividad, “las resoluciones previsibles, en su tiempo generan seguridad jurídica a los inversores que quieran invertir en nuestro país.”

Gallardón apuntó el dato de que existen unos 20.000 millones de euros, en vi contecioso administrativa pendiente de resolución judicial, con lo cual ahí existe una cantidad importante que no se puede utilizar para dinamizar la economía española. El titular de Justicia señaló que su equipo trabaja en tres áreas; una de modernización, otra desde el punto de vista de la agilización y una última perspectiva desde la despolitización

Sobre la modernización, advirtió que el modelo de justicia hay que cambiarlo. “Se ha invertido mucho dinero, unos 700 millones de euros en los últimos años y todo sigue igual”, subrayó. Desde su punto de vista ha llegado el momento de reorganizar la planta judicial actual y buscar la concentración de los partidos judiciales desde otra vertiente. “Tenemos muy en cuenta el informe del CGPJ que hizo Manuel Almenar sobre este asunto y esperemos que podamos redistribuir mejor los recursos desde el Tribunal de instancia, una iniciativa nueva que permite asignar al juez un grupo de funcionarios sin necesidad de poner en marcha más juzgados”. Con estos cambios el ministro considera que la Oficina Judicial sería más viable que la iniciativa actual, sujeta a modificaciones notables.

Respecto a la agilización de nuestra justicia, el reto está en dar respuesta a los nueve millones de casos que entran todos los años en los juzgados españoles.  “Ha llegado el momento de desarrollar otros métodos alternativos, como el arbitraje y la mediación que pueden ayudar mucho a esta desjudicialización que necesitamos.”. Y recordó como la Constitución de 1812, la primera de corte liberal en nuestro país, ya contaba con dos artículos donde se hablaba del arbitraje y de la ejecución del laudo. “En este contexto de reformas hay que advertir que el papel del juez es juzgar y ejecutar la cosa juzgada, cuestión ésta que sigue siendo uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema judicial”.

Sobre la despolitización de la justicia, en un momento de cambio importante en el CGPJ, tras la dimisión de Dívar, Gallardón recalcó que hay que dejar claro la independencia de nuestros jueces y magistrados, claves en nuestra democracia. “Es necesario que tengan un sistema de autogobierno eficiente para que puedan realizar su trabajo aún mejor”. Y esbozó que el nuevo sistema de designación de los vocales tendrá 8 vocales elegidos por el Congreso y otros 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías. “Procuraremos hacerlo de tal manera que nadie nos diga que esos ocho vocales pertenecen o siguen directrices políticas concretas”

La autonomía del Ministerio Fiscal

La presencia de Eduardo Torres-Dulce en esta jornada, en la que DIARIOJURIDICO ha sido medio colaborador sirvió  para conocer mejor la opinión del Fiscal General del Estado sobre la próxima reforma de la LEcrim.  Como se sabe esta es una legislación vigente desde 1882, una reforma que afectará a cerca del 70 por cien de los litigios en nuestro país, por cierto. “En mis reuniones con el Ministro Gallardón ya le he mencionado que se debe hacer una reforma plena y no parchear bajo ningún concepto”.

A este respecto mostró su deseo porque se desjudicializasen los juicios de faltas ya que en ningún país civilizado se pone en marcha el operativo judicial ante este tipo de situaciones de duración corta pero que generan un importante coste económico al Estado. “Hay que buscar una solución a este asunto y en una época de crisis, ideal para reflexionar sobre muchos temas, puede ser ideal zanjar este asunto de forma definitiva”, recordó

También destacó la necesidad de chequear los juciios rápidos, que a veces no lo son, así como la figura del jurado, cuestionada en los últimos meses por diferentes decisiones controvertidas, “ es posible que haya que reducir el número de delitos que tengan que juzgar  a homicidio, asesinato, injurias y calumnias. Su fallo no debe ser motivado porque no son legos en Derecho. “Sobre los sumarios ordinarios se mostró partidario que la instrucción la realice el fiscal, eso sí contando con los medios adecuados, peritos; policía etc, sin ningún control del Ejecutivo. Torres-Dulce es consciente de que en el futuro habrá que abordar el redimensionamiento de la carrera fiscal, ahora formada por tan solo 2.400 profesionales

Eduardo Torres-Dulce explicó a los asistentes el papel clave de la Constitución de 1978 y ese articulo 124 que consagra su desarrollo. “Hasta ese momento se pensaba que era una prolongación del Ejecutivo, situación que cambia con la entrada de la Carta Magna, en primer lugar, y, más tarde con la aprobación del Estatuto Orgánico del Ministerio fiscal en 1981”. Sin embargo reconoció que pese al cambio normativo, determinadas conductas de partidos políticos, medios de comunicación y alguna actuación concreta de algunos Fiscales Generales del Estado parecía contravenir esta tendencia “El fiscal que vela por los derechos fundamentales de los ciudadanos no puede estar conectado con los poderes políticos; es cierto que el Gobierno puede proponer cierta actuación del Fiscal General del Estado, pero luego ésta debe someterse a la aprobación de la Junta de Fiscales de Sala”

En este sentido reconoció que una de las reivindicaciones planteadas ante el propio Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón tiene que ver con la independencia del propio Ministerio Fiscal desde la autonomía presupuestaria. “Es fundamental que tengamos nuestro presupuesto para saber cómo vamos a organizar nuestro trabajo. Y también sería bueno a la vez desarrollar ciertos controles y equilibrios para que ciertas decisiones del Fiscal General del Estado que ahora no tienen, cuenten con el visto bueno del Consejo Fiscal y la Junta de Fiscales, como órganos más representativos de nuestra actividad”

Respecto a esta profesión, formada en nuestro país por cerca de 1200 fiscales en todo el territorio nacional. Torres-Dulce abogó porque al menos cada fiscalía realice cuatro Juntas Generales Anuales, aunque es consciente que en otras de mayor trabajo casi estas reuniones se hacen a diario:”Además, a partir de ahora los profesionales que quieran presentar su candidatura a la jefatura de una fiscalía deberán presentar un proyecto motivado de por qué presentan su candidatura. Eso se hizo recientemente en Málaga y la verdad es que se lograron los objetivos previstos”.

En relación a la formación de los fiscales, importante, por ser un cuerpo versátil adaptable muchas situaciones, el Fiscal General del Estado dejó claro que ya había hablado con el titular de Justicia para que sus profesionales no tuvieran que formarse desde el Centro de Estudios Jurídicos que depende del citado Ministerio: “Lo ideal seria que compartiéramos formación con los jueces en la Escuela judicial, pero es inaceptable que la formación de los fiscales la gestione el Ministerio; en todo caso esperamos un cambio en el Estatuto del Ministerio Fiscal para que se coordine desde la propia Fiscalia General del Estado”.

En este sentido, Torres-Dulce avanzo  a los asistentes que la primera circular que publique, con la aprobación de la Junta de Fiscales de Sala, se centrará en la figura del fiscal, como profesional garante de la legalidad desde su independencia e indicó la versatilidad y excelente preparación de estos expertos a los que se les puede encontrar en jurisdicciones dispares como extranjería; violencia de género; seguridad vial e incluso en la protección de consumidores; en este sentido el Fiscal General señaló que la fiscalía de Galicia está organizando una acción sobre las acciones preferentes, operación financiera que ha causado ya muchos daños a ciudadanos, y que en esta comunidad se han recogido cerca de 100.000 reclamaciones.

Libro Blanco, radiografía

El nuevo Fiscal General del Estado volvió a señalar que una de las prioridades a medio plazo es configurar el Libro Blanco de la Fiscalia, publicación que pretende sea una radiografía exacta de la actividad de estos profesionales. “Tiene que ser crítica y ahí veremos como se nos percibe desde los poderes públicos y autocrítica, sabiendo qué estamos haciendo y a que temas, por diversas circunstancias no llegamos”, subrayó.

A continuación explicó cuál sería el índice de esta publicación y los tiempos para que vea la luz, casi con toda seguridad en la primavera del año que viene:”Seguramente lo vamos a completar con un estudio sociológico que encargaremos a Juan José Toharia, experto en estos temas. En la actualidad hay que destacar que un 70% de nuestros profesionales son mujeres y que según el último informe del CGAE sobre la imagen de la justicia, la percepción que tiene el ciudadano sobre los fiscales era algo mejor que la  percibida por los propios  jueces”.

Torres-Dulce habló de la tecnología y de lo importante que es en un trabajo de estas características para cualquier operador jurídico. “Desgraciadamente hemos vivido al margen de ella muchos años y luego se ha invertido mucho dinero sin excesiva planificación, con lo cual los resultados no han sido buenos”,i ndicó. A este respecto denunció que era imposible saber el parque informático de su colectivo y algunos problemas con las redes telemáticas que llegaban a colapsarse a mitad de la mañana. También dejó claro la necesidad de impulsar la digitalización, siempre impulsada desde profesionales que conozcan este tema, porque así muchas de las estadísticas no son fiables.

De cara a solventar estos déficits el Fiscal General del Estado comento que era imprescindible una planificación rigurosa de los gastos e inversiones. Que también era necesario contar con profesionales que supieran manejar esta tecnología así como imprescindible buscar la interoperabilidad y que los 17 sistemas informáticos existentes pudieran conectarse entre así.  “Si logramos unificar las redes telemáticas será más sencillo que se desarrolle en mejor medida la Oficina Fiscal, ya implantada con éxito en Navarra ene stos momentos”,finalizó.

El Papel del Tribunal Supremo, a examen

Por su parte, Juan Antonio Xiol, presidente en funciones del Tribunal Supremo y de la Sala Primera de este Alto Tribunal, explicó a los asistentes el momento actual que vive esta institución, ahora que celebra su Bicentenario. “Es fundamental en un tiempo de crisis como el que vivimos que se mejore la eficacia del Supremo y se clarifique realmente cuál tiene que ser su papel dentro de nuestro entramado judicial actual”.

Xiol se pregunto a sí mismo, para qué servía el Tribunal Supremo en estos momentos y contestó la cuestión “En estos momentos está empezando a cumplir su papel de tribunal de casación y generador de  jurisprudencia como nueva fuente del Derecho. Otra faceta tiene que ver con su rol de unificador de doctrina “fundamental para generar seguridad jurídica en los ciudadanos y empresas” En estos momentos el papel del Supremo está centrado en  resolver contradicciones entre los TSJ y las Audiencias Provinciales; resolver sentencias diferentes a la jurisprudencia del propio  Alto Tribunal y generar doctrina o puntos de vista sobre normativas nuevas que pueden generar alguna polémica por el hecho de ser nuevas.

El actual presidente en funciones en Supremo insistió en el papel clave de este tribunal, cuyas decisiones pueden tener repercusiones económicas importantes. “Se ha calculado que un retraso en la Sala Civil y Mercantil de este tribunal podría detraer unos 2.000 euros que no circularían por nuestra economía”. En este momento insistió en que el papel del Gabinete Técnico que tiene el Supremo es clave para su trabajo y mejor funcionamiento.  “Nuestro trabajo es la casación y no la apelación, no podemos ir a un modelo como el italiano donde hay más de doscientos magistrados, nuestra sala Civil solo cuenta diez, por eso hay que centrar muy bien nuestro trabajo desde ese contexto”,advirtió

Esa casación ya se está logrando en muchos casos en la propia Sala Primera, y en la Tercera (Social), mientras que en las otras tres se va avanzando también pero con más lentitud en estos momentos. “Hablar de la autonomía del Supremo tiene que hacerse desde su propia autonomía de gestión y presupuesto, situación que ahora no se da”, comentó Xiol. Y puso el caso de la Oficina de Prensa, como uno de los muchos casos que demuestran esa falta de independencia, oficina que se comparte con el propio CGPJ a diario.

Sobre las relaciones con el Tribunal Constitucional, también tuvo unos minutos, al final de su intervención para comentar en qué momento están. “Creo que han mejorado, no me cabe duda en los últimos años, sobre todo tras el 2007, donde la reforma emprendida en el propio Constitucional estable ciertos criterios muy restrictivos para solicitar el amparo. Ahora no se admite cualquier recurso, solamente se tiene en cuenta si el fallo de este Tribunal puede tener una alta trascendencia constitucional en un determinado tema.”

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