El Tribunal Supremo ratificó ayer  una sentencia de la Audiencia de Madrid que desestimó la demanda de 248 millones de euros de la multinacional sueca Boliden contra ACS, Intecsa-Inarsa, Geocisa y otras empresas españolas por considerarlas responsables del vertido tóxico de Minas de Aznalcóllar en 1998.

La Sala de lo Civil del Supremo, en una sentencia a la que ha tenido acceso nuestro medio, confirma la interpretación de no hubo ningún incumplimiento contractual por parte de las constructoras que recrecieron la balsa de residuos de la mina y añade que el archivo de las diligencias previas penales contra alguno de sus directivos no tiene «efecto vinculante» en la vía civil.
 
Boliden demandó a las empresas que en 1996 recrecieron su balsa y les exigió 248 millones por los daños sufridos y las cantidades que le reclamó la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) como consecuencia del vertido tóxico de 1998 en los aledaños del Parque de Doñana, en la mayor catástrofe ecológica de los últimos años en España.
 
Ahora, el Supremo se refiere al informe técnico aportado a la primera causa penal en Sevilla, según el cual no hubo «cálculos erróneos» en la balsa de estériles sino que aún existen dificultades para conocer la reacción de determinados materiales y los fenómenos de «rotura progresiva».
 
El alto tribunal también desestima el recurso planteado por Banco Vitalicio, una de las partes demandadas, sobre la falta de capacidad procesal de Boliden ya que sus administradores concursales autorizaron la preparación del recurso pero no su interposición, defecto que fue «válidamente subsanado».
 
Además, el Supremo rechaza el «efecto vinculante» de la sentencia de la sala de lo Contencioso de este mismo tribunal, que en 2002 confirmó con algunas modificaciones la sanción de 41 millones de euros impuesta a Boliden por el Consejo de Ministros, ya que en dicho proceso no fue parte ninguna de las ahora demandadas.
 
Sobre el «efecto vinculante» del archivo dictado en las diligencias abiertas en Sevilla, dice la sentencia que una resolución que se centró únicamente en la falta de indicios para imputar a determinadas personas no puede afectar a un litigio «de la importancia económica del presente, cuyas actuaciones ocupan siete baúles y veinticinco cajas».
 
Desastre ecológico
 
Trece años después del desastre ecológico que desencadenó la rotura de la balsa de Aznalcóllar (Sevilla) la empresa sueca Boliden, propietaria de la mina y del embalse, no ha pagado por los daños generados en el entorno del río Guadiamar y de Doñana.
 
Después de agotar la vía penal, la civil y estar pendiente todavía de la administrativa, la Junta de Andalucía, que reclama a Boliden 89,8 millones de euros por la restauración medioambiental de la zona, acudió al Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, donde se han personado los acreedores de la multinacional. El Gobierno central también ha intentado ejecutar por la misma vía la sanción de 43,7 millones que le impuso a la compañía, confirmada por el Tribunal Supremo en 2005. Pero la multinacional declaró en quiebra a la filial de la que dependía la balsa, Boliden Apirsa, con lo que, hasta ahora, ha conseguido esquivar las sanciones.

El proceso avanza un paso y retrocede dos. La última decisión judicial data del 12 de noviembre de 2010, cuando la Audiencia Provincial de Sevilla revocó el auto que había permitido el embargo de 141 millones a la matriz. El Juzgado de lo Mercantil decretó este embargo cautelar en junio 2007 para hacer frente a las reclamaciones de los acreedores.

Fue un paso importante, ya que implicaba el denominado levantamiento de velo, con lo que se hacía responsable a la matriz de las decisiones y las deudas de la filial. La Corte de Apelación de Suecia aceptó en octubre de 2008 que se embargara a la empresa. Pero Boliden recurrió y hace seis meses la Audiencia Provincial de Sevilla dio la razón a la compañía y revocó la medida cautelar. Los servicios jurídicos de la Junta sostienen que la Audiencia Provincial entiende que, «pese a que se dan indiciariamente los caracteres de grupo empresarial a los efectos del levantamiento de velo», rechaza el embargo «al tratarse de un grupo empresarial suficientemente solvente».

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