No defraudó la primera comparecencia de Alberto Ruiz-Gallardón, flamante Ministro de Justicia, ante la Comisión de Justicia del Congreso. Tal y como ha hecho en sus primeras apariciones públicas, especialmente aquellas para presentar su equipo de trabajo, el titular de Justicia se centró,a lo largo de sus casi cinco horas de exposición,  en señalar cuáles van a ser los ejes de su trabajo en estos próximos cuatro años. De hecho, volvió a señalar las palabra gestión y litigiosidad como dos temas que le preocupan en exceso. Otro de los retos será recuperar los miles de millones de euros que están en los juzgados y agilizar la justicia desde el expediente electrónico. También señaló que se cambiará la designación de los vocales del CGPJ; la inclusión de tasas judiciales desde el segundo recurso y esbozó nuevos proyectos legislativos donde destacan la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial; el nuevo Código Mercanti y las nuevas Leyes de Jurisdicción Voluntaria y Mediación

En su intervención dejó claro que es fundamental el compromiso que ha adquirido de despolitizar la justicia. Para conseguirlo, el titular de Justicia propuso a los grupos parlamentarios poner fin al sistema de cuotas en la elección de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial.  En ese sentido anunció que  habrá una  Ley Orgánica del Poder Judicial: Se reformará el sistema de elección de modo que doce de sus veinte vocales sean elegidos de y entre jueces y magistrados de todas las categorías y se delimitarán las competencias del Pleno y de las distintas comisiones para agilizar el funcionamiento de este órgano. Se potenciarán los principios de mérito y profesionalidad en la promoción de la carrera judicial.

El otro gran objetivo de la legislatura es situar a la Justicia al servicio de la recuperación económica. “Si actuamos con prudencia, si identificamos adecuadamente los problemas, si planificamos ordenadamente las inversiones y gastos a realizar, y si dotamos a la Administración de Justicia de una organización moderna y eficiente, conseguiremos el objetivo de que la Justicia española sea, en tiempos de crisis económica, un verdadero motor de la economía nacional”, aseguró el ministro en su intervención. Esta será una legislatura “consagrada a la gestión”, para lo que será necesaria una “transformación”, añadió

Reducir litigiosidad

Gallardón señaño al “exceso de litigiosidad” del sistema judicial como uno de los principales problemas a combatir. En ese sentido, apostó por “encontrar fórmulas que contribuyan a disminuir de forma razonable el elevado índice de litigios que anualmente se acumulan en juzgados y tribunales”.

Desde esta perspectiva es evidente que serán muy utiles las nuevas normativas que se van a aprobar sobre  la Jurisdicción Voluntaria y Mediación. En el primero de los casos,será un medio eficaz para desjudicializar y reducir el volumen de asuntos de naturaleza no estrictamente jurisdiccional tradicionalmente encomendados a los jueces. Se reordenarán las competencias de jueces y secretarios judiciales y los procedimientos en materia de derechos reales, obligaciones, sucesiones, derecho mercantil y marítimo pasarán a notarios y registradores.

Sobre la nueva Ley de Mediación, se pretende que esta  ley se convierta en   una oportunidad para avanzar en la modalidad alternativa de solución de conflictos. Actualmente no existe ninguna norma general que regule de manera sistemática la mediación en el orden civil y mercantil. Como recordará los lectores de DIARIOJURIDICO, este proyecto de Ley quedó en suspense mientras que la reforma de la Ley de Arbitraje de junio del 2011 fue adelante. Nuestro país aún no ha traspuesto la Directiva de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles del 2008, siendo uno de los pocos Estados que no lo han hecho. Según fuentes consultadas por este diario, el texto deberá ser muy diferente al que se intentó aprobar en la pasada legislatura.

En este sentido para mejorar la calidad de nuestra justicia Gallardón anunció la puesta en marcha de una Ley de Planta y Demarcación Judicial que sirva para actualizar lo que entendemos hoy en dia como partido judicial estando obsoleta la configuración actual porque la realidad ha cambiado de forma notable.

Otra reforma, que se hará por consenso tiene que ver con el Cödigo Penal y su Lecrim que data de 1882. El Ministro anunció que tendremos nueva  Ley de Enjuiciamiento Criminal: por su envergadura, es un proyecto de legislatura para actualizar una ley original del siglo XIX. La nueva norma ordenará los plazos del secreto de sumario, el control de las conversaciones telefónicas, el derecho de todo condenado a la revisión del fallo condenatorio por un Tribunal superior y el papel de la policía judicial, entre otros. En este contexto, también se va a  garantizar la independencia del Ministerio Fiscal en su marco de actuación ,  además de  incrementar el papel del fiscal en la instrucción en los procesos de urgencia o en aquellos que supongan una investigación mínima, sin perjuicio de la labor del juez instructor.

Expediente Judicial Electrónico

Para agilizar los procesos, uno de los objetivos básicos es la modernización de la Justicia, donde no debe confundirse la digitalización masiva con los expedientes electrónicos. El Ministerio creará una Agencia que se encargue de la coordinación de los sistemas informáticos y de comunicación de las distintas administraciones para que todos los datos y registros sean compatibles y estén conectados en red.

Igualmente, para modernizar la Administración de la Justicia y moderar los abusos en el acceso a los órganos judiciales en segunda instancia, el ministro ha propuesto una revisión de las tasas y los depósitos judiciales ya existentes. El fin no es otro que no prolongar indebidamente el tiempo de resolución de los procesos, sin perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

Llama poderosamente la atención la apuesta de Gallardón por relacionar la economía con la justicia. De esta forma señalo que se aprobará un nuevo Código Mercantil:  Aún queda por saber cuál será su configuración pero se pretende seguir las directrices de Rajoy y  garantizar la unidad de mercado y redundar en una competitividad real.  Este Código nace con un afán de integrar toda la legislación dispersa sobre este tema y actualizarla según la realidad que vivimos.

Alberto Ruiz-Gallardón también dejó claro que habrá otras reformas legislativas más de carácter parcial. Las que más llaman la atención tienen que ver con la Reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en la que se exigirá el consentimiento paterno en relación a las menores y se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional. Se abordará con la máxima prioridad la reforma de la multirreincidencia de forma coordinada con el Ministerio del Interior.  Otro asunto que se quiere introducir es un sistema de juicios rápidos en el orden civil, a semejanza del que tanto éxito ha tenido en el ámbito penal. Por último, y tras casos como el del Marta del Castillo, se estudiará poner en marcha una nueva regulación en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor por la cual se unificará la investigación y el enjuiciamiento en los casos de delito grave en los que estén implicados mayores y menores, sin que esto suponga una merma de los derechos del menor.