La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto desestimar ayer el recurso del exmarido y confirmar la decisión de la Audiencia Provincial favorable a considerar legitimados a los padres tutores de una mujer incapacitada para instar su divorcio.

Tras sufrir un accidente de tráfico que la dejó en estado de coma vigil, se inició un procedimiento de incapacitación de la víctima donde se resolvió nombrar a sus padres como tutores, en lugar del marido, por razón de su mayor disponibilidad para hacerse cargo de la tutelada. En ejercicio de esa representación instaron tiempo después la separación matrimonial de su hija, lo que se acordó con carácter firme en 2007, una vez que la Sala Primera rechazó admitir el recurso interpuesto por el varón.

Finalmente, también en nombre y representación de su hija tutelada, ambos progenitores interesaron el divorcio, con la oposición del marido. Sobre esta cuestión versa el pleito del que procede el recurso. Aunque el Juzgado desestimó la demanda por considerar que los padres no estaban legitimados para disolver el vínculo matrimonial de su hija, en cuanto que el acto de contraer matrimonio tiene carecer personalísimo, la Audiencia accedió a lo solicitado, y este pronunciamiento ha sido confirmado ahora por el Supremo.

La sentencia de la Sala, de la que es ponente la magistrada Roca Trías, comienza recordando que siempre que se trate de la acción de separación o divorcio ejercitada por los tutores en nombre e interés de una persona incapacitada están presentes dos derechos fundamentales: el derecho fundamental a la libertad de continuar o no casado y el derecho a la tutela judicial efectiva, que permite ejercer las acciones cuya titularidad corresponde al incapacitado por medio del representante legal, siempre con autorización judicial, salvo en asuntos urgentes o de escasa cuantía.

Ante el silencio de la legislación interna, la respuesta favorable a la cuestión de la legitimación de los tutores para pedir el divorcio del hijo se encuentra en el Convenio de Nueva York, cuya ratificación y su consiguiente incorporación al ordenamiento español obliga a nuestros Tribunales a aplicar los principios que contiene, entre ellos, el de facilitar la actuación procesal del incapaz a través o por medio de sus representantes legales. La representación legal del tutor le impone el deber de ingerencia en la esfera jurídica del incapaz cuando sea necesario para obtener su protección, si bien no libremente, sino con las limitaciones que derivan de la naturaleza de función que tiene la tutela.

Por ello, el ejercicio de la acción de divorcio por parte de los tutores debe responder a las mismas reglas que rigen la representación legal, lo que se traduce en que sea necesaria la autorización judicial para entablar demanda en beneficio del tutelado, en que debe quedar claro que la acción se ejercita en interés del incapaz, y en que siempre debe intervenir el Ministerio Fiscal, para evitar acciones caprichosas o arbitrarias.

En síntesis, la legitimación de los tutores, que no se niega en abstracto, pasa, en el caso concreto, por la justificación del interés del incapaz en obtener la disolución del matrimonio, un interés que la Sala considera concurrente en el supuesto enjuiciado.

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