La resolución confirma la “relación demostrada” entre ANV y ETA y destaca como “especialmente relevante” su postura pública frente al fenómeno terrorista, al utilizar “lemas, símbolos y proclamas” como los que habitualmente ha venido usando Batasuna para legitimar la violencia.

La resolución, de la que ha sido ponente el vicepresidente del Constitucional, Guillermo Jiménez, rechaza que la sentencia de ilegalización haya vulnerado los derechos fundamentales de los miembros de ANV a la libertad ideológica y de expresión y a la libre asociación política. De este modo, constata la perfecta adecuación del criterio del Tribunal Supremo a los requisitos señalados en la Ley de Partidos Políticos (LPP) para disolver un partido político.

A lo largo de sus 39 páginas, la sentencia avala como “razonable y motivada” la sentencia del Supremo que declaró “la existencia de una relación demostrada, en todos los órdenes (político y económico), entre ANV y el grupo terrorista ETA y los instrumentos arbitrados por esta organización como elemento de participación política”.

El Tribunal Constitucional recuerda a los recurrentes que este órgano no puede revisar las pruebas practicadas en el proceso de ilegalización realizado por el Supremo el pasado verano, sino “examinar si el tipo de hechos y conductas considerados por la Sala sentenciadora tienen encaje razonable” en la Ley de Partidos, como efectivamente ocurre.

Así, señala que antes del proceso de ilegalización, con ocasión de las elecciones municipales de 2007, fueron anuladas 133 de las 245 candidaturas presentadas por ANV por ser ya “latente la sospecha de que tras la ilegalización de Batasuna esta organización hubiera conseguido un acuerdo con ANV para que este partido le sustituyera en los ayuntamientos”. En dicha ocasión, la disolución de ANV hubiera sido desproporcionada, recuerda el TC, en alusión a su decisión de permitir la concurrencia de parte de las listas de este partido a los comicios locales.

Agrega que fue posteriormente cuando el Supremo pudo acreditar las pruebas que avalaron que ANV no era más que una formación continuadora de Batasuna: constante presencia de miembros de Batasuna en la campaña electoral de ANV, sus relaciones posteriores, las relaciones económicas entre ambas, entre otras.

Además, insiste en que el Supremo no ilegalizó ANV por su coincidencia ideológica con ETA, “sino por haber entendido, razonable y motivadamente, que la campaña de intimidación dirigida a numerosos candidatos electos tras los comicios de 2007 y el boicoteo organizado de consuno con Batasuna, y siempre al servicio de ETA, contra la constitución de determinadas corporaciones municipales, tenía perfecto encaje en el supuesto contemplado en el artículo 9.3 b) de la LPP”.

“La conclusión alcanzada por la Sala podrá ser aceptada o discutida, pero la discrepancia con el Tribunal Supremo es constitucionalmente irrelevante, toda vez que aquélla responde a una convicción judicial basada en una prueba suficiente y debidamente motivada”, insiste el Constitucional.

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