Tribunal ConstitucionalEl pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado por unanimidad admitir a trámite los recursos del Gobierno contra la ley de consultas catalana, aprobada el día 19, y contra el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre, firmado el pasado sábado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

A través de una providencia, el tribunal de garantías precisa que con la admisión a trámite de los recursos quedan suspendidos los anexos de ambas normativas, “así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella”.

El Tribunal deberá ratificar o levantar la suspensión en un plazo máximo de cinco meses. Por su parte, el Gobierno de la Generalitat puede personarse en el proceso y formular alegaciones en el plazo de veinte días desde la admisión a trámite del recurso contra el decreto de convocatoria, y en el plazo de quince días en el caso de la ley de consultas.

Según argumenta el Constitucional, concurren “condiciones procesales de admisibilidad” de los escritos de demanda. Asimismo, precisa que la simple impugnación de las normas produce su suspensión, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución, que permite al Gobierno impugnar ante este tribunal las disposiciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas.

Recurso del Gobierno contra la Ley Consultas de Cataluña

Impugnación del Decreto de convocatoria por parte del Gobierno

1 Comentario

  1. El Tribunal Constitucional, impropiamente conducido al efecto, no solo tiene un problema frente a la consulta catalana sino frente al derecho de todos y cada uno de los ciudadanos españoles (pueblo soberano) a ser consultados – aunque no tenga carácter vinculante tal consulta- sobre temas de interés común y/o de interés general, conceptos que por indeterminados, no deben impedir concocer su posición sobre aspectos hoy perfectamente constitucionales pero que pueden afectar al contenido de la Norma de normas, justamente porque esta no es inmutable. Entiendo que si la crisis y sin la aprobación popular ha hecho posibles cambios en la CE para garantizar el pago prioritario de la deuda externa (discriminación entre acreedores) nada debe impedir la modificación del texto constitucional a través de las instituciones competentes conforme al anhelo del pueblo o pueblos de España manifestado en consulta diferenciada del referendum. Representar al pueblo no es cerrar su libertad de expresión y opinión ni su participación en asuntos políticos en base a unos resultados electorales que legitiman lo primero durante cuatro años para, entre otros extremos, favorecer lo segundo. España no se hunde, crece en democracia cuando habilita la consulta (política o no) a sus ciudadanos soberanos.

    Veo con interés el hecho de que la suspensión planteada y acordada por el TC no afecta a todos los preceptos de la Ley, por tanto la Ley es parcialmente vigente i permite procesos de participación ciudadana; ya me dirán ustedes como se hace un vestido jurídico impeditivo de las consultas no vinculantes y no de procesos de participación ciudadana.

    Como catalán no me estoy en decir que creo en Catalunya, creo en España, creo en els resto de países, quiero creer en la UE menos controlada por el mundo económico financiero-, creo en la cordura, creo en los ciudadanos catalanes, vascos, madrileños, gallegos, andaluces, castellanos, etc, pero también quiero creer en que a ningún ciudadano (el mundo democrático) se le va a privar de tan importante derecho fundamental como es el de opinar en asuntos de interés general o local aunque afecten al vigente orden constitucional – siempre modificable- con el fin de aportar solidariamente mi posición y conocer la de los demás. TODOS somos personas, todos somos ciudadanos.

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