Según explica la resolución, el mencionado gerente -que actuaba además como colaborador remunerado de la entidad- aprovechó «la relación de confianza para, mediante una información falsa, evitar de los cuentacorrentistas se enteraran del uso que se hacía de sus depósitos».

El alto tribunal corrige de este modo una sentencia previa dictada por la Audiencia Provincial de Bilbao, que había fijado el montante de la indemnización en un total de 961.619 euros.

El ponente Jesús Corbal explica que el gerente que realizó los movimientos bancarios carecía «de apoderamiento escrito o verbal» de los titulares de la cuenta para realizar operaciones. Por ello, acusa al banco de llevar a cabo de «un abuso de derecho» y de llevar a cabo «un comportamiento claramente obstructivo» a la investigación.

«Han existido personas presumiblemente vinculadas al banco que tuvieron incidencia en la salida de fondos, en la medida que no se entiende de otro modo que se realizaran extracciones de la cuenta sin la oportuna autorización», indica la resolución.

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