La enmienda, que prosperó por 174 votos a favor, 159 en contra y siete abstenciones, contó con el rechazo frontal de PP y CiU, a los que se sumó el diputado de UPN, Carlos Salvador.
Durante la votación se produjeron varios errores de diputados, que votaron en sentido contrario al de su grupo.
Los más destacados fueron los del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que rechazaron por equivocación el cambio impulsado por la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, para «clarificar» el marco legar de estas operaciones.
La enmienda señala que las operaciones de fusión, escisión y cesión de activos entre entidades de crédito se rigen según la Ley de Sociedades Mercantiles, «sin perjuicio» de lo que indiquen la legislación específica de cada una de ellas, como es el caso de la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA).
Garantizaría la viabilidad legal de operaciones como la diseñada para el rescate de Caja Castilla-La Mancha (CCM), articulada a través de la cesión del conjunto de activos y pasivos que integran su negocio bancario al Banco Liberta, filial de Cajastur, y que PP considera una «bancarización» en toda regla de la entidad castellano-manchega.
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, admitió en el Senado que Cajastur se dirigió al Gobierno que pidiera para clarificar el marco jurídico de la compra de Caja Castilla-La Mancha (CCM), para dejar claro de forma explícita que se rige por la Ley de Sociedades Mercantiles de marzo de 2009 y no sólo por analogía, después de que el PP «anticipara» que iba a recurrir judicialmente la operación.
La enmienda contó también con el rechazo frontal de CiU, aunque por motivos diferentes. La federación catalana propuso la semana pasada al Gobierno apoyar la enmienda en el Senado a cambio de que se incluyera una reforma «puntual» de la LORCA en lo referente al marco que regula las fusiones de cajas las fusiones ‘frías’.
