Uno de los proyectos estrella del actual Decano del Colegio de Abogados de Madrid, ha sido la puesta en marcha desde hace casi un año del Observatorio de la Justicia. Esta entidad en la que ya se engloban catorce asociaciones de letrados y medio millar de juristas que participan en sus grupos de trabajo, se configura con el ánimo de testar el estado de la justicia en nuestro país; ofrecer soluciones de forma concreta y ser vehículo de intercambio de ideas entre abogados y jueces.
En palabras de Fernando Bejerano, su director y creador “Queremos promover la adopción de acuerdos y protocolos que permitan la resolución de conflictos con la máxima flexibilidad, reforzando el papel institucional del abogado ante los Tribunales, pero no olvidará su importante y necesaria contribución en un período marcado por la elaboración e implantación de los diferentes proyectos de modernización de la Justicia en los que los abogados tendremos voz y propuestas propias”.
Nuestro interlocutor atesora una importante experiencia como docente y abogado en ejercicio. A Fernando Bejerano le contemplan dieciocho años de ejercicio en la abogacía, especializado en el campo penal. De la misma forma es Profesor asociado de Derecho Penal desde hace doce años así como docente en diversos cursos de práctica penal procesal para abogados. Su indudable experiencia le ha hecho ser ponente en diversos Congresos de en Materia Penal y de Violencia de Género así como colaborador con las principales revistas jurídicas y profesionales del país.
¿Podría explicarnos cuál es la trayectoria de este Observatorio que usted dirige y qué relaciones mantiene con otras entidades afines?
El Observatorio de la Justicia y de los Abogados fue presentado el pasado 2 de diciembre de 2008 y surgió con el objetivo de ser el órgano permanente del Colegio de Abogados de Madrid constituido para articular el intercambio de experiencias y criterios entre abogados y jueces, así como el estudio, análisis y sistematización de datos estadísticos y documentales obtenidos directamente de los órganos judiciales, y cuya finalidad última es formular propuestas e iniciativas dirigidas a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Fue una apuesta contundente que defendió la actual Junta de Gobierno en su programa electoral y ha sido uno de los primeros logros que en breve mostrará sus resultados con la presentación de su primera memoria de actividad.
En un momento de intensa transformación de nuestra Administración de Justicia viene trabajando intensamente para implantarse como instrumento de mejora y defensa de la posición institucional de la abogacía madrileña mediante el intercambio de experiencias entre abogados, jueces, fiscales, procuradores, etc.
La trayectoria seguida ha estado marcada por diferentes fases. La primera, y fundamental, ha sido una apuesta por potenciar la participación de todos los colegiados en la aportación de propuestas a las diferentes mesas de trabajo. La acogida ha sido altamente positiva y lo demuestra el que en la actualidad contamos con 230 abogados que han solicitado su participación en las diferentes mesas programadas con un total de 136 propuestas recibidas. La marcada base participativa de proyecto también se refleja en la colaboración prestada por las diferentes asociaciones y agrupaciones de abogados que cuentan con un cauce estable para la remisión de sus propuestas. Hasta el momento, son ya catorce las asociaciones sumadas a las actividades de las diferentes mesas del Observatorio. Por último, no puedo dejar de destacar que también se han sumado a dichas actividades ocho despachos colectivos de reconocido prestigio nacional que aportan su propia y enriquecedora experiencia en los temas a debatir en dichas mesas.
La segunda fase de actuaciones viene marcada por reforzar la interlocución con cuantas instituciones van a contribuir en la elaboración y puesta en funcionamiento de todos los instrumentos que hagan evolucionar un presente que no gusta ni a profesionales ni a ciudadanos en un futuro que debe orientarse hacia una justicia ágil, atenta, de calidad y con tecnologías propias del siglo XXI.
El Observatorio de la Justicia, por tanto, continuará promoviendo la adopción de acuerdos y protocolos que permitan la resolución de conflictos con la máxima flexibilidad, reforzando el papel institucional del abogado ante los Tribunales, pero no olvidará su importante y necesaria contribución en un período marcado por la elaboración e implantación de los diferentes proyectos de modernización de la Justicia en los que los abogados tendremos voz y propuestas propias.
Según últimos informes consultados, la lentitud de los procesos es uno de los elementos que más reprocha el ciudadano, ¿cómo puede mejorarse este asunto?
También es compartida la preocupación por los abogados. La Justicia si no es ágil no es Justicia. Por supuesto, dicha afirmación no está reñida con la necesaria exigencia de calidad en las resoluciones judiciales y de respeto a los imprescindibles tiempos que exige el respeto a los derechos de las partes.
Resulta necesario y urgente abordar con un nuevo prisma las reformas procesales pertinentes, algunas de ellas ya en curso, para dotar a nuestros procesos de la agilidad necesaria que, por ejemplo, requieren supuestos como los desahucios, determinadas reclamaciones de cantidad, infracciones penales de escasa entidad, conflictos surgidos en el marco de una crisis matrimonial, etcétera.
La apuesta por las mejoras procesales y la potenciación de métodos alternativos de resolución de conflictos que contribuyan a la desjudicialización de muchos problemas de los ciudadanos, habrá de venir acompañada de la necesaria apuesta tecnológica que elimine la opacidad de nuestra Administración de Justicia y permita la inmediata detección de las dilaciones y la aplicación de mecanismos de corrección.
El Observatorio de la Justicia, con la información facilitada por los Abogados, viene transmitiendo regularmente a los Órganos de Gobierno responsables la información sobre las dilaciones detectadas que suponen un fracaso de la Justicia para los profesionales y ciudadanos que las padecen.
Es evidente que tal y como están los juzgados habría que hablar de un concepto de abogado preventivo antes de los conflictos, ¿cómo cree que es posible desarrollar esta idea en la sociedad española?
La sociedad española confía en sus abogados. Conoce sus capacidades y habilidades y, entre ellas, destaca la de no apostar indebidamente por la judicialización innecesaria del conflicto a diferencia de la línea marcada por recientes reformas legislativas. Seguimos apostando por el asesoramiento previo y la labor consultiva de los abogados que tantos pleitos evita a nuestros colapsados tribunales pero, en muchos conflictos, dicha actuación no resulta posible. Por eso, nuestros ciudadanos merecen una respuesta adecuada por una Administración de Justicia que no puede olvidar su carácter de servicio público y, como tal, ofrecer las respuestas con parámetros de máxima calidad, transparencia, agilidad y en tiempos razonables.
Organizaciones como Scevola denuncian el deterioro de la imagen del letrado a nivel social ¿Cómo puede mejorarse esa impresión en concreto?
La percepción que tienen los ciudadanos de la Justicia no es buena. Por este motivo, deben emprenderse medidas informativas y divulgativas que impidan que dicha percepción se extienda y contamine a todos aquellos que de alguna manera participamos en los procesos.
Los abogados también padecemos aquellas disfunciones que contribuyen a la mala imagen que se tiene de la Justicia: los retrasos consecuencia de la desorganización, las dilaciones indebidas, una atención impropia de una administración al servicio de los ciudadanos, una beligerancia –innecesaria y extrema en muchas ocasiones- que presenta unos juzgados y tribunales que parecen olvidar la función que desempeñamos como colaboradores de la Administración de Justicia y la exigible dignidad de la función que desempeñamos, etcétera.
La sociedad debe conocer nuestros compromisos con el ciudadano, con la correcta prestación de los servicios públicos, con la exigencia en la formación inicial y continuada y la deontología de la profesión. Por supuesto, la sociedad conoce la irreprochable labor que realizan nuestros compañeros de Turno de Oficio, quienes en contraposición a las permanentes dificultades que plantea la Administración, prestan un servicio basado en la calidad y en la convencida garantía de los derechos de los ciudadanos.
¿Cómo valora la nueva Ley de Acceso a la profesión recientemente aprobada, cree que podrá mejorar la calidad e imagen de la abogacía en los próximos años? ¿Por qué no se ha tenido en cuenta la pasantía como fórmula de incorporarse a la abogacía?
La regulación del acceso a la profesión de abogado viene a corregir una deficiencia que nos separaba del resto de los países de nuestro entorno. El inicio de la actividad profesional se realizará tras una prueba objetiva que permitirá garantizar unos conocimientos mínimos necesarios de todos cuantos asumimos la difícil tarea de defender los derechos de terceros. Esta medida reforzará nuestra valoración frente a la sociedad y frente al resto de los intervinientes en los procesos judiciales. El contacto con la realidad del ejercicio profesional como medio necesario para la adquisición de conocimientos prácticos sobre usos forenses, trato y gestión de una cartera de clientes, tiene su reconocimiento con la exigencia de prácticas externas que, por el contrario, no deben excluir la necesaria validación mediante una prueba objetiva.
¿Qué opinión le merece el tratamiento informativo que hacen los medios de comunicación sobre determinados procesos? ¿No estamos ante juicios paralelos mediáticos?
Existen procedimientos singulares en los que la relevancia social de los imputados facilita la multiplicación de consecuencias gravosas para su honor, imposibilitando, en una sociedad donde la comunicación fluye a gran velocidad potenciada por las nuevas tecnologías, reparar todo lo dicho y escrito en supuestos donde, finalmente, se llegue a declarar la inocencia. Por este motivo, es exigible un tratamiento exquisito de la información sobre hechos o conductas en fase de instrucción, que permita conciliar la presunción de inocencia con la libertad de información, en su doble sentido de derecho a informarse y derecho a informar.
La reserva sobre las actuaciones del órgano judicial que constituyen el sumario y el desconocimiento sobre todos los detalles de los hechos, no siempre conocidos en su integridad con revelaciones indebidas, imponen que toda la información contenga siempre una referencia a la significación y vigencia del derecho a la presunción de inocencia.
La valoración de los hechos por los medios de comunicación, no la información objetiva y veraz sobre los mismos, e incluso el debate jurídico que aquellos suscitan, deben venir marcados por estrictos códigos éticos que incorporen todas las garantías que cualquier imputado pierde cuando su conducta es enjuiciada por la sociedad y no en el tuitivo marco de un proceso penal.
Por último, ¿dénos sus claves para mejorar nuestra Justicia?
La necesaria revolución de nuestra Justicia pasa por un proceso de modernización en el que no pueden quedarse fuera ninguna de las propuestas de los colectivos que se ven directamente implicados. En este sentido, la mejora pasa por considerar las propuestas de los Abogados que conocen, perciben e incluso sufren las disfunciones de nuestros Juzgados y Tribunales siendo óptimos conocedores de las necesidades de los ciudadanos cuyos derechos defienden.
La mejora pasa por la modernización de estructuras obsoletas que han imposibilitado, a diferencia de otras administraciones, la evolución hacia una justicia ágil y tecnológicamente avanzada. La tecnología también añadirá un plus de transparencia que constituirá un necesario acercamiento de la Justicia al ciudadano.
Con carácter inmediato, resulta improrrogable establecer fórmulas consensuadas para disminuir los retrasos, suspensiones y dilaciones innecesarias en los procedimientos. Deben articularse fórmulas para una buena gestión de los señalamientos, con la supervisión pertinente, que elimine la extendida percepción de absoluta desconsideración hacia el tiempo de los ciudadanos y profesionales. Porque mejorar también será potenciar un trato más considerado con todos aquellos que comparecen ante juzgados y tribunales, tanto por el necesario respeto a la dignidad de la función que representamos los abogados como por las exigencias de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia
Improrrogable también, además de la reelaboración de la planta judicial actual, resulta la unificación de las sedes en partidos como Madrid. Resulta disfuncional y altamente perjudicial para ciudadanos y profesionales contar con más de 21 sedes dispersas por toda la capital sin que hasta la fecha se conozca el horizonte del Campus de la Justicia.
Frente a las voces que consideran que las claves sólo pueden ser leídas en términos económicos, afirmo que es necesario dinero, pero no sólo dinero. Para la mejora de la Justicia la esencia recaerá en liderar una firme voluntad de cambio. Estamos en un momento donde la convicción de todos, y somos muchos, los que intervienen de alguna forma en la Administración de la Justicia parece patente debe emprenderse una reforma que sitúe nuestra Justicia en el Siglo XXI. Fijemos consensuadamente los objetivos y lideremos el cambio que todos esperamos y, por fin, merecemos.
