Confiesa que la creación de la Asociación de Abogados Urbanistas que el preside ha retomado un espacio natural que nos correspondía. “España país de arquitectos de gran talla mundial aún no dispone de una ordenación urbana más abierta al proyectista, al abogado urbanista y a todos los técnicos e ingenieros que intervienen en ello, que aproveche todo este caudal de genialidad. Tenemos mucho camino que andar todavía en muchas cuestiones, señala José Maria Garcia, su presidente.

Bajo su punto de vista frenar la corrupción urbanística pasaría por establecer unas auditorías obligatorias en los ayuntamientos tanto desde el punto de vista económico como de la gestión, para poder dar el visto bueno a cualquier proyecto que se plantee. Aquí el control económico me parece fundamental. Respecto a la crisis económica, bajo su punto de vista “Con independencia de cualquier medida de choque, las crisis son un periodo ideal para acometer las asignaturas pendientes. El estado debe reforzar, dentro de esta situación de aparente calma económica, los puntos débiles de la economía, antes de que se recupere y retornen las prisas, donde, evidentemente, ya será tarde. Si lo hace, cuando la economía se recupere lo hará de forma relanzada y saldrá reforzada de todo ello”.

José María García Gutiérrez compagina su labor de letrado con la Docencia. Cuenta con larga trayectoria profesional en el campo del Urbanismo y el Medioambiente. Es Director General de la firma AAFIL ABOGADOS desde el año 1989. Despacho multidisciplinar de ámbito nacional especializado en Derecho Urbanístico. Además también es Profesor y Director de los cursos de Urbanismo y Medioambiente para postgraduados que imparte la Asociación Española de Abogados Urbanistas, entre ellos: Curso de Aproximación al Dº Urbanístico, la Ley del Suelo, La Nueva Ley de Contratación del Sector Público, Curso sobre Planeamiento, la Gestión del Suelo, Ejecución del Planeamiento, Dº Medioambiental entre otros cursos…

Redactor habitual de artículos de Urbanismo y Medioambiente en Revistas Jurídicas y profesionales del sector, forma parte de la Comisión del Observatorio de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Es el Coordinador General de las mesas de trabajo de Urbanismo de las distintas Comunidades Autónomas que realiza la Asociación Española de Abogados Urbanistas. Forma parte igualmente del Observatorio de la Justicia en el área de Urbanismo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Como presidente y fundador de la Asociación de Abogados urbanistas mantiene relaciones institucionales con los distintos colegios de abogados, con el Consejo General de la Abogacía, Consejo General del Poder Judicial y demás instituciones, haciéndoles llegar propuestas sobre las normativas urbanísticas y sobre los problemas con los que los abogado urbanista y otros profesionales se encuentra en su quehacer habitual. Se fomentan las relaciones con otros profesionales relacionadas como arquitectos, técnicos, etc. así como con instituciones y organizaciones europeas, americanas, etcétera.

Señor Garcia, ¿es lógico que en nuestro país existan 17 leyes del suelo, no hay forma de unificar estos criterios en este aspecto?

Hay una tendencia, que se consolida con el transcurso de los años, a unificarse las normativas, un ejemplo es el agente urbanizador puro que ya realmente solo existe en Castila La Mancha. Pero no hay marcha atrás. Los sistemas que dan mejores resultados se van incorporando a las distintas normativas y los que resultan problemáticos se van eliminando. Mas que unificar se trata de ver que aportan las normativas autonómicas a la solución de los problemas actuales del urbanismo, para ello se esta creando una comisión de estudio formada por abogados urbanistas de las 17 comunidades.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional 61/97 cada comunidad emprende su propio camino en materia urbanística y ya no se puede dar marcha atrás. Nuestro país se ha convertido en una especie de laboratorio urbanístico donde se ponen en marcha distintos modelos, mas intervencionistas, menos, mas garantías para los propietarios o menos, etc. En un mundo global y competitivo las ciudades españolas compiten en atraer capital de inversión, empresas, eventos, sedes de instituciones, etc que pueden inducir al crecimiento económico. Esta es la clave del sistema y de su éxito, pues permite aprovechar todas las potencialidades existentes, pero al mismo tiempo el Estado tiene que conservar unas competencias que permitan aunar esfuerzos y evitar tratamientos diferenciales en aspectos esenciales, como por ej, en el acceso al derecho de propiedad.

¿Dónde está la clave para atacar y frenar la corrupción urbanística? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI aún existan Ayuntamientos que no tengan Planes de Urbanismo?

El grado de corrupción urbanística existente es de escándalo, si tenemos en cuenta que lo que trasciende a la prensa tan solo es la punta del iceberg. Como dije antes hay muchos ayuntamientos sin planes y los Avances muchas veces son erráticos e incompatibles con el conjunto territorial. Estos Ayuntamientos se rigen por las Normas Subsidiarias que ellos mismos aprueban o modifican.

Al final el que cada uno haga lo que quiera y como quiera tiene un precio. Y por otro lado los que cuentan con planes definitivamente aprobados se encuentran con muchas limitaciones, ya que ello supone un marco jurídico que restringe su discrecionalidad, y después de aprobado el plan se dan cuenta de ello e intentan ignorarlo. Normalmente, y aunque no sea políticamente correcto decirlo, los políticos solo están interesados por los planes cuando están en campaña electoral o cuando no saben muy bien lo que quieren hacer porque se ha incorporado un nuevo equipo de gobierno, o por el motivo que sea. Pero cuando se les aclaran las ideas ya no interesa.

Sin duda hará falta un gran consenso social a todos los niveles para romper esta dinámica dual. Las soluciones legales como en el caso de la Comunidad de Madrid de intervenir en los ayuntamientos para que aprueben los planes peca a mi modo de ver de ingenuidad. Lo mismo que la prohibición de firmar convenios de planeamiento, ¿Acaso se puede impedir que los ayuntamientos firmen convenios? Es evidente que lo que antes se hacía públicamente (cualquiera podía consultarlo), ahora se hará en la trastienda. Entiendo que la solución pasaría por establecer unas auditorías obligatorias en los ayuntamientos tanto desde el punto de vista económico como de la gestión, para poder dar el visto bueno a cualquier proyecto que se plantee. Aquí el control económico me parece fundamental. No supondría ninguna invasión de sus competencias sino tan solo una exigencia previa de la correspondiente comunidad autónoma, al amparo de la función de supervisión y control que le corresponde al superior jerárquico. De este modo los ayuntamientos que quieran mantenerse activos urbanísticamente, deberán cumplir con estas exigencias.

¿Cuál es su valoración de la crisis económica actual? ¿Qué futuro vislumbra al sector de la construcción en este sentido, según el estudio que han hecho público sobre el secto recientemente?

El problema de la crisis actual a parte de venir sumida dentro del contexto internacional, es que nos encontramos en un proceso interno de reestructuración del sector de la construcción. Rodríguez Sahagún decía que las crisis hay que saber abstenerlas. Estamos ante una crisis de abstención, si te mueves te hundes. La sensación de inseguridad dificulta la recuperación económica en este tipo de crisis, la soluciones clásicas (inyección de capital, bajada de impuestos o de tipos de interés, etc.) o no funcionan o lo hacen de modo muy sesgado.

Cuando la crisis internacional muestre síntomas de recuperación sino se genera un grado de confianza adecuado el sector no se recuperará. Resulta fundamental recuperar el sector de la construcción por la cantidad de puestos que genera y la riqueza que redistribuye en el resto de sectores pero los empresarios tienen que emplear prácticas con fundamento, diversificando las inversiones y los beneficios hacia otros sectores como en I+D .

El problema de la ley del suelo es que introduce un régimen de valoraciones (que abarata el suelo para facilitar las expropiaciones) y que no está pensado de cara a los intermediarios financieros ( los bancos), los cuales no pueden conceder prestamos a las constructoras sin que haya un sistema de valoraciones acorde con la realidad del mercado – con el tráfico mercantil-, y esto va a ser mas complicado. No obstante tal y como se explicó en las conferencias organizadas por la Asociación dentro del Sima en el Salon Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente (TEM TECMA), es el momento ideal para hacer los deberes – creando bases sólidas – dentro de esta situación de calma económica antes de que la economía se recupere y vengan las prisas, lo que facilitará que la economía salga relanzada. La economía de Madrid, como en anteriores crisis, es siempre la primera en entrar en crisis, y siempre es la primera en salir y lo hace de forma relanzada por los motivos antes expuestos.

El urbanismo ha servido en nuestro país para financiar importantes proyectos locales de desarrollo. Algunos alcaldes han aplicado estrategias correctas y han aprovechado mejor las sinergias de ese municipio, pero en otros casos la falta de ideas ha resultado decepcionante basándose tan solo en un urbanismo desaforado.

Respecto a las constructoras, algunos ponen el acento en que han ganado mucho dinero. Esto no es reprochable, porque para eso están las empresas. Es importe que haya empresas sólidas y bien posicionadas, lo reprochable es que algunos empresarios no han tenido visión de fututo, no han diversificado sus actividades y cuando han llegado las “vacas flacas” se han diluido como un azucarillo en el café.

¿Considera que son adecuadas las medidas que ha puesto en marcha el gobierno, tales como la construcción de mayor obra pública, que engloban el fomento de la rehabilitación de viviendas, conservación de infraestructuras, facilitar viviendas de VPO, actualización de la desgravación por vivienda?

Los tres pilares del estado del bienestar son sanidad, educación y pensiones. Pero el núcleo de todo ello es el pleno empleo por lo que si este cae arrastra al estado del bienestar. Es claro que las medidas mas urgentes son las encaminadas a poner coto a las altas cifras de paro que afectan a la economía española. La obra pública ha sido históricamente un sistema que ha dado buenos resultados, pero harán falta muchas mas medidas. No cabe duda de que es la hora del estado, este tiene que intervenir en todos los sectores que lo requieran para evitar dejar la economía en caída libre.

Con independencia de cualquier medida de choque, las crisis son un periodo ideal para acometer las asignaturas pendientes. El estado debe reforzar, dentro de esta situación de aparente calma económica, los puntos débiles de la economía, antes de que se recupere y retornen las prisas, donde, evidentemente, ya será tarde. Si lo hace, cuando la economía se recupere lo hará de forma relanzada y saldrá reforzada de todo ello.

En nuestro país se confirma la recesión económica (las últimas cifras rondaban el – 1%). La actividad comercial se contrae casi un 18 % y con el acicate del efecto de arrastre del sector de la construcción que actúa como un lastre. El IPC sufre continuos descensos: desde el 5,3 % en julio 08 pasando por el 1,4 % en diciembre 08 hasta el – 0,1% en Marzo 09. La sombra de la deflación con recesión económica se asienta en la economía española. El problema de ello es que se consolidan tendencias que luego es muy difícil de romper.

¿Cuáles son los servicios que demandan ahora sus empresas clientes en estos momentos de recesión económica?

Se puede imaginar, quiebras y suspensiones de pagos, procedimientos hipotecarios, juicios ejecutivos. Se destruyen miles de empleos diarios. El problema es que una empresa o un grupo empresarial tarda muchos años en posicionarse en el mercado y de la noche a la mañana desaparece.

En USA el gobierno ha estado muy encima de las empresas con el fin de que la destrucción de tejido empresarial sea mínima. Esto reduce el periodo de crisis pues cuando la economía empiece la recuperación las empresas están preparadas. En el caso de nuestro país costará mucho mas tiempo recuperar todo ese tejido empresarial destruido.

¿Cuál es la causa que existan tan pocos letrados que se dedican al urbanismo y al medioambiente? ¿Estamos ante un nicho de mercado nuevo para cualquier despacho de abogados?

Paradójicamente, en las facultades de derecho es una disciplina que apenas se toca o se hace de modo bastante tangencial. Sin embargo en las escuelas de arquitectura se contempla como una especialidad, siendo una opción elegida por la mayoría de los alumnos. A pesar de ser una rama del derecho los arquitectos han sido paradójicamente los auténticos expertos por lo que estamos intentado recuperar el espacio perdido, pero la verdad es que nos han dejado el listón bastante alto. Sería interesante conseguir una mayor cuota de participación en la planificación por ejemplo.

El urbanismo es una materia multidisciplinar pues afecta a otras materias que no son exactamente el uso del suelo, pero que deben ser tenidas en cuenta a la hora de su regulación. Los ámbitos de incidencia son de lo mas diverso, civil, penal, fiscal, administrativo, medio ambiente, etc. Derivando responsabilidades, civiles, penales, administrativas, etc. en caso de incumplimiento de las normas que lo regulan. Además la normativa se desenvuelve dentro de una estructura piramidal en la que coexisten normas comunitarias, estatales, autonómicas municipales, etc. Una de las líneas de actuación de la Asociación es por ello ordenar el urbanismo. Es evidente que hay bastante mercado para los abogados.

Estamos intentando crear un urbanismo mas abierto a los tiempos actuales. Nuestro sistema es bastante cerrado para lo que estamos desarrollando contactos con otras asociaciones análogas en otros países. Hay múltiples comisiones de estudio, sobre normativas autonómicas para examinar que aportan en la solución de los problemas actuales, etcétera.

Es evidente que la formación es un pilar clave para estos letrados que deseen incorporarse a esta actividad, ¿podría hablarnos de la iniciativa Ciclos de Urbanismo?

Estamos intentando ordenar el urbanismo, hasta ahora cada autor estructuraba las materias según su criterio. Esto introduce una complejidad innecesaria para el estudio y comprensión de esta materia. Es fundamental aportan orden y claridad en una disciplina tan compleja.

Dentro de esta filosofía nacen los ciclos de urbanismo que se imparten, y que están contribuyendo a mejorar la formación de los abogados y profesionales urbanistas. Se imparten unos cursos más generales para aquellos profesionales que necesitan unos conocimientos mas básicos, y otros más específicos sobre materias concretas. En junio del año pasado organizamos dentro del SIMA el Salon TEM TECMA (Feria internacional del urbanismo y del medio ambiente), donde expusimos los problemas actuales del urbanismo a la luz de la situación coyuntural actual de crisis. Se expusieron sugerencias para afrontar esta crisis.

¿Cómo cree que ha evolucionado en nuestro país la profesión de abogado urbanista? ¿Cuál sería ahora el retrato robot del jurista que quiera dedicarse a este asunto?

La formación técnica cada vez es mas importante. Es una de las ramas mas técnicas del derecho. Conscientes de ello estamos en contacto bastante estrecho con los arquitectos. Este es el retrato robot del abogado que se quiera dedicar a ello. Además por supuesto de tener bien ordenada y estructurada la disciplina en la cabeza

Ha sido muy polémica la última Ley de Costas aprobada por el Gobierno. ¿Considera que se seguirá en su ejecución a corto plazo?

El problema es que la ley contempla el derribo de todas las viviendas que estén a menos de 20 m de la costa, quedándose sin sus casas y sin compensación alguna, lo que evidentemente no es admisible. Por si fuera poco muchas de las edificaciones sobre las que pesa orden de derribo fueron levantadas al amparo de la legalidad vigente en ese momento, por lo que no se les podría aplicar esta ley con carácter retroactivo. Además no justifica nada el que los propietarios puedan solicitar una concesión por 30 años ampliable a un total de 60. No debería seguir adelante con el ello puesto que se produce una quiebra en el sistema de garantías, como he explicado antes. De todas formas se van acumulando los recursos en le Tribunal Constitucional por lo que habrá que estar atentos a los pronunciamientos del mismo.

Por último, dénos su opinión sobre el problema de la justicia. ¿Qué debería hacerse para agilizarla de forma conveniente?

La justicia ha sido la gran olvidada. Lo que ha conducido a los vicios actuales, precariedad de medios, sobrecarga de trabajo, etcétera. Pero cada vez mas se unen una serie de vicios que lo agravan mas. Por ej cada vez mas observamos lo mal redactadas que están las leyes, antiguamente se redactaban mucho mejor. Pensemos en la nueva ley de contratación del sector público, donde se ha adicionado toda la normativa europea mas reciente parcheando la ley sin pararse a pensar que lo primero que hay que hacer es adaptar nuestras leyes a la normativa europea. Este refrito lleno de contradicciones obliga a acudir continuamente a los tribunales por la inseguridad jurídica que crea.

La necesidad de tanta jurisprudencia provoca un efecto llamada e invita a la litigiosidad, somos el país de mayor litigiosidad, todo el mundo pleitea porque no se sabe a quien se va a dar la razón. El poder judicial se encuentra con ejemplos como el caso Mariluz en que tiene que actuar por la gran presión mediática, que de otro modo no lo haría por carecer de la autoridad moral suficiente dado el grado de precariedad en que se desenvuelve el quehacer cotidiano de los juzgados. ¿Cómo le dices a un juez que tiene 20.000 o 30.000 asuntos que se le ha pasado un plazo?

Si queremos tener una justicia moderna, que podemos hacerlo y ya se ha hecho en otros campos, es a costa de cambiar algunos conceptos, de solucionar los problemas de base, no de tomarse una aspirina para el dolor de cabeza, como decir que se van a crear mas juzgados, o que vamos a hacer un pacto de la justicia y cosas por el estilo. Hay que tomar conciencia de que hay un exceso de litigiosidad que si se enfocara correctamente se podría reducir a la mitad. Las leyes tienen que infundir en primer lugar seguridad jurídica y claridad para que no supongan una invitación al ciudadano a pleitear.

Cuanto mas claras estén las cosas desde el primer momento mejor. Ej en el tema de valoraciones hemos propuesto elaborar unas tablas que recojan las valoraciones en cada caso concreto, según el tipo de suelo y demás circunstancias y siempre nos dicen que no, que eso supondría privarles a los juzgados de su función. Ello evitaría casi todos los pleitos en materia de expropiación. Hay muchas cosas en los procedimientos que se podrían simplificar, pero la justicia es un mundo muy antiguo y es difícil cambiar algunas cosas. Desde luego la solución no es crear mas juzgados, es la pescadilla que se muerde la cola, a mi modo de ver se parte de conceptos erróneos e incompatibles con una justicia moderna. Son planteamientos de una justicia artesanal y lenta, obsoleta.

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