El anuncio del presidente de Perú acerca de la disolución del Congreso exige indagar acerca de la constitucionalidad de dicho acto.

Vizcarra aplicó una norma constitucional que lo habilita a disolver el Congreso en caso de que la cámara le niega una cuestión de confianza a dos gabinetes presidenciales.

Esta cuestión de confianza fue planteada con fundamento en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional argumentando que el proceso de selección no era transparente ni garantizaba la división de poderes.

La crisis institucional en Perú es el reflejo de una grieta entre el gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, cuando el partido fujimorista logró la mayoría parlamentaria.

Vizcarra acusa al partido fujimorista de tratar de usar las instituciones democráticas para su beneficio personal y de utilizar su mayoría parlamentaria para hacerse con el control del Tribunal Constitucional.

El escándalo Odebrecht le costó el cargo al presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y llevó a la asunción de Martín Vizcarra, su entonces vicepresidente.

Desde entonces, Vizcarra se ha enfrentado con el Congreso, ya que intentó promover una serie de medidas para combatir la corrupción siendo boicoteadas reiteradamente.

En 1992 sucedió un hecho parecido cuando el presidente Fujimori alegó obstrucción del Parlamento en temas de seguridad y economía. Sin embargo, sus críticos afirmaron que fue para tapar las investigaciones de corrupción en su contra y consolidar su poder.

La Constitución peruana contempla que las elecciones legislativas para conformar un nuevo Congreso deben realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la disolución de la Cámara.

Elegido un nuevo Parlamento, este puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza luego de que el presidente exponga los motivos de la suspensión parlamentaria.

Si las elecciones no se celebraran en el plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de ministros.

Después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso, de mayoría opositora y fujimorista, sucedió que no solo los diputados no abandonaron la Cámara sino que aprobaron una moción para suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses.

La respuesta del legislativo no se hizo esperar y nombró a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones.”

Cabe destacar que la Constitución de Perú establece que el ejercicio de la presidencia puede quedar vacante por “su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”.

No obstante, el decreto publicado en el diario oficial peruano recalca que “carece de validez y eficacia jurídica todo acto relativo a la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo mandato ha sido revocado”.

La vicepresidenta Mercedes Aráoz declaró que “La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional del presidente Vizcarra. Estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la república”.

Dos presidentes en lugar de uno es el saldo momentáneo del caos político de Perú.

Fuente: Redacción Diario Jurídico

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.