El presidente de Perú decretó este lunes la disolución “constitucional» del Congreso y convocó a elecciones parlamentarias.
El Presidente Martín Vizcarra convocó elecciones legislativas para el próximo 26 de enero aplicando una norma constitucional que lo habilita a ello si la cámara le niega una cuestión de confianza a dos gabinetes presidenciales. El actual Congreso finalizaba su periodo en 2021.
El gobierno ya había planteado esta cuestión de confianza en dos ocasiones anteriores. Esta tercera cuestión recae sobre el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional bajo el argumento de que el proceso de selección no era transparente y no garantizaba la división de poderes en la nación.
Si bien resulta una decisión impactante, el hecho ocurre por segunda vez en la historia del Perú; la primera vez fue hace 27 años.
Sin embargo en esta disolución se dio un particularidad: el Congreso respondió a la acción presidencial suspendiendo las funciones de Vizcarra por un periodo de 12 meses fundada en la «incapacidad temporal» del Mandatario.
Como consecuencia de la suspensión del Presidente, la vicepresidenta Mercedes Aráoz juramentó como nueva «presidenta en funciones» del país.
Perú ya franqueaba una extensa crisis política provocada por la corrupción, y, con esto, quedó inmerso en una grave crisis institucional por la tensión entre el gobierno y el Congreso.
Vizcarra anunció la disolución de la cámara y la consecuente convocatoria de elecciones legislativas tras el nombramiento de un nuevo magistrado para el TC.
El presidente daba por sentado que, con la votación del magistrado, la cuestión de confianza le había sido denegada. Pero ello no ocurrió, dado que cuando el presidente hizo su intervención pública, el Congreso votó otorgándole la confianza. Por ello, los opositores que el presidente no tenía derecho a disolver la cámara y algunos hablan de «autogolpe».
A pesar de la reacción de la oposición, el presidente de Perú afianzó su poder al obtener el respaldo de miles de ciudadanos, que salieron a las calles en respaldo a la disolución del Congreso dominado por la oposición.
Además, luego del anuncio televisado, los responsables de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reunieron con Vizcarra para mostrar respaldo pleno al orden constitucional y al presidente.
La crisis es el reflejo de una grieta entre el gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, cuando el partido fujimorista logró la mayoría parlamentaria.
Vizcarra señaló que el partido Fuerza Popular, dirigido por Keiko Fujimori trata de usar las instituciones democráticas para su beneficio personal, además de utilizar su mayoría parlamentaria para hacerse con el control del Tribunal Constitucional.
Actualmente, Keiko Fujimori se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
El escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht, en 2018 le costó el cargo al presidente Pedro Pablo Kuczynski y llevó a la asunción de Martín Vizcarra, su entonces vicepresidente.
En ese contexto Vizcarra promovió una serie de reformas para combatir la corrupción, las cuales lo han enfrentado con el Congreso, que ha boicoteado varios intentos de tomar medidas contra la corrupción y rechazado los pedidos del mandatario para llevar a cabo elecciones legislativas.
Mientras tanto, la oposición en el Congreso inició el proceso para renovar a varios magistrados del TC, lo cual culminó con la decisión de Vizcarra de disolver el parlamento y convocar elecciones para el 26 de enero.
Hace 27 años sucedió un hecho similar, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori alegó obstrucción del Parlamento en temas de seguridad y economía. Sus críticos afirmaron que fue para tapar las investigaciones de corrupción en su contra y consolidar su poder.
Fuente: Redacción Diario Jurídico
