La figura está prevista en el Tratado de Lisboa y que, en opinión del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, debería coordinar la respuesta penal ante cualquier ataque contra el euro.

“Es indudable que si existiese un fiscal europeo y se produjese un ataque combinado contra la moneda europea, que es uno de los principales intereses económicos y financieros de la UE, debería coordinar la respuesta penal frente a ese ataque”, dijo Conde-Pumpido en rueda de prensa en Bruselas poco antes de presidir un grupo de trabajo de expertos sobre la futura Fiscalía.

Conde-Pumpido justificó la puesta en marcha de este instrumento por razones de “eficacia y coherencia institucional” porque el desarrollo de una Europa de los ciudadanos exige un “sistema de protección de los intereses financieros de la comunidad que disponga de una autoridad central de persecución penal”.

Esta función no la pueden ejercer en este momento ni Eurojust y ni la Oficina de lucha contra el fraude (Olaf) porque carecen de una perspectiva general de persecución penal y de la eficacia necesaria para llevar los procedimientos a los órganos judiciales de cada Estado miembro.

Conde-Pumpido alegó que es “imposible” construir una Europa “fuerte” en el ámbito económico careciendo de instituciones “fuertes” en el ámbito de la aplicación de la legalidad penal. “En todos los espacios donde existe una moneda única, existe también una instittución única de aplicación de la ley penal para proteger esa moneda y esos intereses económicos”, argumentó.

La idea de la presidencia española es poner en marcha un “camino que será largo” pero que arrancará formalmente con la discusión que tendrá el Consejo de Ministros de Justicia e Interior el próximo mes de abril en Luxemburgo.

Para organizar los debates, se preguntará a los ministros de Justicia de los 27 su opinión sobre este nuevo órgano y en concreto acerca de la estructura, ámbito de actuación, atribuciones, competencias y mecanismos de control que debería tener, así como los plazos en los que podría ponerse efectivamente en marcha.

Ese fiscal europeo, según figura en el artículo 86 del Tratado de Lisboa, ejercerá la acción penal ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros, es decir que sus acusaciones se formularán ante los órganos judiciales nacionales para no tener que crear una “estructura jurisdiccional paralela”, según explicó Conde-Pumpido.

No obstante, cabría la posibilidad de que, en la fase inicial de la investigación, mientras no esté asignado el caso, fuera necesaria alguna intervención del Tribunal de Luxemburgo. En todo caso, esa una de las cuestiones que tendrán que resolverse en los reglamentos que prevé el propio Tratado.

La decisión sobre la Fiscalía Europea deberá tomarse por unanimidad en el Consejo y contar con la aprobación del Parlamento Europeo, pero si no fuera posible podría hacerse, por ejemplo, mediante una cooperación reforzada de los países de la zona euro.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, puso como ejemplo el dato de los más de 1.000 millones de euros anuales que pierde la UE debido al fraude para defender una estructura que, a su juicio, es todavía “más imprescindible” en tiempos de crisis económica.

El presidente de la comisión de Libertades del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, garantizó el apoyo de su comisión a los trabajos y auguró que la Fiscalía Europea será en una segunda fase competente para perseguir la criminalidad organizada transfronteriza.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.