Caso éxito Tomás Pasalodos Derecho administrativo; evitación de la responsabilidad del administrador de la sociedad por deudas con la Seguridad Social en situaciones de crisis empresarial.

-letrado del administrador de la sociedad.

La Tesorería General de la Seguridad Social notificó al administrador de la Sociedad un Acuerdo de fecha 24/5/2018 declarando la responsabilidad solidaria del administrador respecto a la deuda de la empresa por descubiertos en la Seguridad Social correspondiente al período 1/2017 a 2/2018 por un importe de 68.082,98 Euros con más intereses y recargos y procediendo a la derivación de deuda mediante la emisión de las reclamaciones de deuda que se acompañaron al correspondiente recurso.

Según indica la Sentencia, hoy firme, el recurso se interpuso con el objeto de anular la resolución que desestima el recurso de alzada contra la decisión de la Seguridad Social que declaraba la responsabilidad solidaria del administrador y por lo tanto, la derivación de deuda por descubiertos en TGSS de la empresa que entró en concurso voluntario de acreedores.

Quedó acreditado que, antes de presentar concurso de acreedores, la empresa tramitó varios expedientes de regulación de empleo y acuerdos con la Tesorería General de la Seguridad Social consistentes en  aplazamientos de pago por dificultades económicas. A mayor abundamiento, cuando se declaró el concurso de acreedores, se reconoció en el informe presentado por el Administrador Concursal una deuda a la Tesorería General de la Seguridad Social de 79.588,74 euros;

Alega la TGSS que el demandante ha incumplido su obligación de convocatoria de la Junta General en el plazo de dos meses a aplicar desde diciembre de 2016 (primer descubierto de cotización) y no instó el concurso a pesar del sistemático incumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. La declaración de concurso tuvo lugar el 5/4/18 fuera del plazo de dos meses establecidos en la normativa después de un largo recorrido de impago. Alega igualmente que la responsabilidad por deudas con la Seguridad Social se reclama a través del procedimiento recaudatorio establecido en el Reglamento y no en el sí del concurso.

El letrado recurrente defiende que cuando se contrajo dicha deuda con la Seguridad Social, no existía causa alguna de disolución, es más, el organismo demandado fue parte en el procedimiento concursal, por lo cual se solicitó dejar sin efecto el acto administrativo impugnado. Se enfatiza que el administrador presentó concurso de acreedores en tiempo hábil justo para no incurrir en responsabilidad. Igualmente, el Juzgado hace referencia a la Sentencia de 24 de junio de 2019 del Tribunal Supremo, donde razona:

”para determinar la existencia de responsabilidad solidaria de los administradores de una sociedad de capital hay que acudir al artículo 367.1 del TRLS, cuando dispone que responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución¨.

Este precepto legal no contiene, en contra de lo que sostiene la Tesorería General de la Seguridad Social – una mención clara a la situación de insolvencia como causa que pueda acarrear la responsabilidad solidaria de los administradores sino que vincula únicamente a las causas de disolución de las sociedades de capital. Además, el análisis del texto 367 del TRLSC permite concluir que para que los administradores puedan y deban responder por deudas de la sociedad es preciso que concurran los siguientes requisitos:

  1. La existencia de alguna de las causas de disolución previstas en el art. 363 del mismo TRLSC;
  2. El incumplimiento por los administradores de la obligación de convocar a los socios a Junta General antes de los 2 meses siguientes a la concurrencia de la causa y para adoptar el acuerdo de disolución;
  3. O, el incumplimiento de la obligación de solicitar la  disolución judicial o el concurso, en casos de insolvencia, en el plazo de 2 meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta;
  4. La imputabilidad al administrador por su conducta omisiva.

Según la Sentencia se pudo acreditar que el administrador por tanto procedió diligentemente tanto en su vertiente de intentar superar una falta de liquidez que no permitía abonar cuotas de seguridad social como la vertiente formal de instar el concurso cuando la situación económica así lo requería, entendiendo que en el momento en que se iniciaron las deudas por la Seguridad Social no existía causa de disolución.

En definitiva, se consiguió dejar sin efecto la responsabilidad del administrador pues la TGSS acordó la derivación de deuda por responsabilidad solidaria del administrador recurrente con apoyo único en la situación de insolvencia de la sociedad de capital y el conocimiento de ella por administrador, sin hacer cita expresa de ninguna causa legal de disolución.

Aplicando la doctrina del Tribunal Supremo en Sentencia mencionada más arriba, “para que la Administración de la Seguridad Social acuerde la derivación de responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital resulta necesario, no sólo constatar una situación fáctica de insolvencia de la sociedad y verificar que dicho administrador no ha cumplido los deberes legales a que se refiere el artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD Legislativo 1/2010), sino también y además, justificar la efectiva existencia de una causa legal de disolución de la sociedad”

En aplicación de esta doctrina, el juzgado estimó la demanda contra la TGSS ya que el único fundamento de la acción de derivación de la responsabilidad que ejercita la TGSS, estriba en la existencia de una deuda con este organismo, sin que de las alegaciones de la administración, ni el expediente administrativo se dedujera que además de la deuda, se constatase la existencia de causa legal de disolución de la sociedad o incumplimiento de los deberes legales que establece el artículo 367.1 Ley de Sociedades de Capital.


Sobre el autor

  • Tomás Pasalodos
  • Abogado Laboral y Civil
  • Marín & Pasalodos

 

 

 

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