FAMMA-Cocemfe Madrid aclara a la presidenta de la región, Esperanza Aguirre que las familias llevan muchos años asumiendo responsabilidades en el cuidado de sus más allegados con discapacidad,  en una labor fundamental para la sostenibilidad del sistema, sin haber tenido un reconocimiento por parte de ninguna Administración en compensación por la importante labor que realizan, y que sirve y ha servido  para que los costes de la Administración no se dispararán si realmente hubiera asumido la realidad del gasto social.

La dirigente madrileña dio ayer el pistoletazo de salida al Debate sobre el Estado de la Región, celebrado en la Asamblea de Madrid, y aprovechó para avisar a los ciudadanos de la necesidad de un cambio en la mentalidad que implica asumir que ciertos servicios ofrecidos por el Estado deben convertirse en responsabilidad de los individuos y sus familias.

Con esa afirmación, Aguirre pasó por encima de uno de los asuntos que más afectan al colectivo representado por FAMMA-Cocemfe Madrid,  que vive con la incertidumbre de saber qué servicios van a dejar de poder disfrutar sin hacer un desembolso que en la mayoría de los casos se presenta como imposible; a pesar de que según la propia dirigente “en la región no hay nadie que no reciba ninguna ayuda si de verdad la necesita”.

“Hay un gran desconocimiento por parte de la opinión pública sobre la situación que viven miles de personas en la región, que ya a día de hoy asumen responsabilidades que deberían ser competencia de un país con un Estado del Bienestar bien consolidado como el que disfrutábamos”, afirma Javier Font, presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid. “Parece que todavía no se han dado cuenta de que tanto el tejido asociativo como las familias de las personas con discapacidad son las que están conteniendo en gran parte una explosión social que parece estar a punto de producirse, ya que las personas tienen un límite y éste se está alcanzando”.

En este sentido, el FAMMA deja claro, que nunca ha supuesto una “comodidad” para las familias los servicios destinados a sus allegados con discapacidad por parte del Estado, sino una obligación incompleta por parte de éste hacia sus ciudadanos. El mensaje da lugar a una interpretación falsa de la realidad,  cuando la verdad es que el colectivo de personas con discapacidad ha tenido que luchar siempre, con crisis o sin ella, por adquirir unos derechos sanitarios y sociales que les pertenecen por el mero hecho de ser ciudadanos.

FAMMA rompe, por tanto, una lanza a favor de todas aquellas personas que luchan cada día por una mayor autonomía que les permita no depender de las ayudas del Estado, además de sus allegados, que altruistamente desarrollan un trabajo no remunerado  que al menos debería estar mínimamente reconocido por la Administración.

“Hemos entrado en una situación sobre la que, ahora, quieren hacer recaer la culpa de todo, sobre los ciudadanos. Algo inadmisible que, evidentemente, no se puede consentir ya que la realidad nos indica  que hemos llegado a esta situación por la ineficiencia y la ineptitud de quienes han estado gobernando y no por los ciudadanos”, sentencia Font.

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