Este caso es uno de los tres abiertos en el Tribunal Supremo contra el conocido magistrado que podría sufrir una prohibición de ejercer, susceptible de poner fin a su carrera.

El juez Garzón, demandado por “prevaricación”, está acusado por tres de los sospechosos del escándalo llamado “Gürtel”, que había alcanzado al Partido Popular (PP, derecha) a principios de 2009, por haber ordenado escuchas telefónicas de conversaciones con sus abogados, violando los derechos de la defensa.

Mundialmente conocido por haber ordenado detener, en 1998, en Londres al ex dictador chileno Augusto Pinochet, este magistrado de 54 años podría ser condenado a penas de 12 a 20 años de prohibición de ejercer su profesión en España.

Garzón ya suspendió temporalmente sus funciones de juez de instrucción en la Audiencia Nacional, en mayo pasado, a la espera de ser jugado por prevaricación en una fecha que aún se desconoce, por haber intentado investigar los crímenes amnistiados del franquismo.

El Tribunal Supremo le reprocha haber querido investigar sobre los desaparecidos de la Guerra civil (1936-39) y del franquismo (1939-75), a pesar de que existía una ley de amnistía votada tras la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975. Garzón está siendo investigado en otro caso, referido al pago indirecto por el banco Santander de conferencias sobre el terrorismo que dio en Nueva York en 2005 y en 2006.

El Santander también fue demandado por delito fiscal.

Para cada uno de estos dos últimos casos, el juez Garzón podría ser condenado a una pena de 20 años sin poder ejercer su profesión de magistrado.

Desde que fue suspendido, Garzón colabora con la Corte penal internacional (CPI) de La Haya, como asesor.

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