El diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete (Morena) presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Centros de Conciliación con el propósito de transformar el actual modelo de relaciones laborales y crear nuevas instituciones que protejan los derechos de los asalariados.

En el documento, enviado a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, advierte la necesidad de actualizar el ámbito laboral con una acción legislativa sustentada en la equidad entre la producción y la justicia social para los asalariados.

En la exposición de motivos, Francisco Javier Ramírez explicó que existen 53 millones de trabajadores en México, de los cuales, casi 28 millones subsisten en condiciones por debajo de la línea de pobreza, y sólo un pequeño estrato goza de trabajo decente al haber logrado constituir sindicatos representativos y contratos colectivos operativos.

Sumado a esto, aludió que el promedio salarial es cada vez menor, y existe la práctica de despedir a trabajadores para recontratarlos con montos cercanos al mínimo. Afirmó, asimismo, que existe una crisis de la justicia laboral y ausencia casi total de sindicatos y contratos colectivos auténticos.

Aseguró que la tasa de sindicación ha disminuido a niveles críticos. Apenas cerca del 3% de la fuerza laboral del sector formal cuenta con sindicatos representativos y contratos colectivos. El resto de los trabajadores formales, está privado del ejercicio de la libertad sindical y el derecho a contratación colectiva; sometido al sistema de simulación de sindicatos y contratos colectivos de protección patronal, o al sistema de subcontratación conocido como outsourcing.

El legislador explicó que la nueva ley sería complementaria de la laboral, de aplicación nacional y estructurará normativa e institucionalmente los centros de conciliación, tanto federal como los locales, reglamentando sus respectivas competencias constitucionales. Serían organismos públicos descentralizados, encabezados por sus respectivos titulares o directores.

El titular del centro nacional de conciliación sería nombrado por el Senado de la República, electo de una terna que proponga el Ejecutivo federal, y su Junta Directiva se integrará por los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público y por el de la Función Pública, así como por representantes del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información

Asimismo, la iniciativa plantea modificar la Ley Federal del Trabajo a fin de organizar la instauración de los tribunales laborales, dependientes de los poderes federal y locales, y del organismo público descentralizado de carácter federal, que se encargará de la conciliación y del registro de todos los contratos colectivos y sindicatos en el país.

Finalmente, señaló que la iniciativa reforma de fondo el derecho procesal del trabajo para garantizar autonomía y eficacia en la administración e impartición de justicia laboral, sustituye las juntas de Conciliación y Arbitraje por Tribunales Laborales dependientes de los Poderes Judiciales, que pueden conocer conflictos del régimen de seguridad social y perfecciona funciones y competencias de la inspección del trabajo.

Fuente: Cámara de Diputados, México.