Ikassrien ha denunciado que entre 2002 y 2004 fue interrogado al menos en cuatro ocasiones por policías y funcionarios españoles.

Pocos días después del 11-S, en octubre de 2001 fue detenido cerca de Kunduz por las tropas del general uzbeko Abdul Rashid Dostum, aliado de Estados Unidos, y trasladado posteriormente a Kandahar, en un centro custodiado por EEUU.

Según la versión de Ikassrien, EEUU pagó 75.000 dólares a Absul Rashid Dostum para que les entregaran a este preso, al que en febrero de 2002 trasladaron a la base naval de Guantánamo, en Cuba, donde afirma que fue sometido a torturas.

Además de tenerlo encerrado en jaulas de alambre, atado e incomunicado, en Guantánamo tuvo que soportar diversos tipos de malos tratos, como que le orinaran encima, que le lanzaran cubos de porquería en la cabeza, que le quisieran amputar un brazo que tenía lesionado, que se dirigieran a él como al “animal 64” o que le sacaran cuatro dientes.

Ikassrien ha señalado que durante su cautiverio, de febrero de 2002 y julio de 2005, fue interrogado al menos en cuatro ocasiones por policías y funcionarios españoles, que se identificaban como tales, para pedirle que colaborara en sus tareas de investigación contra Al Qaeda.

“Yo les preguntaba que por qué tenía que colaborar con ellos y les decía que si querían que colaborara con ellos me llevaran a un sitio donde se me tratara como a una persona”, ha indicado Ikassrien, que ha afirmado que era frecuente la presencia de policías de otros países para interrogar a los presos.

En una ocasión, según su versión, los policías españoles estuvieron acompañados de un diplomático de la embajada española en Estados Unidos.

Finalmente, Ikassrien fue extraditado a España en julio de 2005, donde estuvo preso un año hasta que en octubre de 2006 el Tribunal Supremo le absolvió de todos los cargos que se le imputaban.

Ante esta situación, AI ha lamentado que hasta el momento no se haya investigado la actuación de los policías españoles en Guantánamo ni se hayan aplicado sanciones ni reparado el daño causado a las víctimas por este tipo de interrogatorios “sin garantías, en un contexto de total ilegalidad”. En el penal de Guantánamo han estado presos en los últimos siete años un total de 800 detenidos, de los que 520 ya han sido enviados a otros países y unos 250 aún siguen retenidos.

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