El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, dio cuenta al Pleno celebrado este jueves, del resultado -todavía provisional- del estudio que solicitó al Servicio de Inspección sobre las medidas de refuerzo necesarias para agilizar la investigación de aquellos casos de corrupción. El trabajo presentado propone reforzar algunos tribunales con más jueces de refuerzo, secretarios judiciales o funcionarios así como iniciar gestiones con los ministerios de Hacienda y de Interior para agilizar trámites administrativos y crear una unidad permanente de peritos adscrita a la Audiencia Nacional.
Moliner pidió, el pasado 24 de enero, a los vocales territoriales de los Tribunales de Justicia que completasen la información aportada por sus Presidentes en cuanto las necesidades de los juzgados y tribunales que tramitan causas «de especial complejidad» y de «gran repercusión en la opinión pública». Tres meses después, una de las conclusiones aportadas por el servicio de inspección es que 798 juzgados y tribunales españoles están instruyendo actualmente un total de 2.173 procedimientos considerados de especial complejidad.
De ellos, 1.661 corresponden a causas que afectan a los siguientes tipos penales: receptación y blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, falsedades documentales, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios y delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
De estas 1.661 causas, las distintas unidades inspectoras han identificado 302 de ellas como ‘macroprocesos’, así designados por el volumen de implicados en los mismos o por la especial complejidad de los hechos investigados.
Además, los juzgados y tribunales españoles tramitan otros 512 ‘macroprocesos’ de extremada complejidad relacionados con supuestos delictivos distintos a los anteriores, y que también afectan de manera grave al funcionamiento de los juzgados encargados de su tramitación.
El estudio elaborado por el Servicio de Inspección propone una serie de medidas, que habrán de ser valoradas y, en su caso, adoptadas por los órganos competentes del Consejo en función de las circunstancias concretas de cada caso y a medida que el momento procesal de cada uno de los procesos las fuera haciendo necesarias. En esta línea se pueden citar las siguientes:
– Poner en marcha el mecanismo necesario para implementar, de manera coyuntural y puntual, 64 nuevos jueces de refuerzo, sin perjuicio de mantener muchas de las medidas de refuerzo ya adoptadas tiempo atrás, como fueron la designación de hasta 16 jueces de adscripción territorial o el nombramiento de 11 jueces de refuerzo.
– Recabar del Ministerio de Justicia y de las correspondientes Consejerías de Justicia de los gobiernos autonómicos el nombramiento de 18 secretarios judiciales más, así como unos 150 funcionarios de distintas categorías para agilizar la tramitación procesal de los asuntos más complejos.
– Iniciar gestiones con los ministerios de Hacienda y de Interior para que la Agencia Tributaria, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) puedan agilizar los trabajos que le son encomendados por los juzgados y tribunales.
– El Servicio de Inspección, por último, considera necesario la creación de una unidad permanente de peritos adscrita a la Audiencia Nacional, similar a la que ya trabaja a las órdenes de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
