En España, al igual que en el resto de países de nuestro entorno, la contratación pública es un ámbito de indudable importancia económica: de acuerdo con los datos de la Unión Europea, el peso de la contratación pública en el PIB español se situaba en 2008 en un 14,9%.

La competencia entre los licitadores es la manera de asegurar que las entidades del sector público, y la sociedad en última instancia, se beneficien de las mejores ofertas en términos de precio, calidad e innovación de los bienes o servicios finalmente contratados.

Unas condiciones de competencia deficientes conllevan un mayor esfuerzo económico para las entidades del sector público que contratan bienes y servicios y por tanto para los ciudadanos.

Mediante las recomendaciones que se incluyen en esta Guía sobre contratación pública y competencia, la CNC quiere contribuir al fomento y promoción de la competencia efectiva en los procedimientos de contratación pública, en beneficio de las Administraciones contratantes y de los ciudadanos.

La Guía se dirige a las entidades del sector público que intervienen en el mercado como demandantes de bienes y servicios a través de los procedimientos de contratación pública.

Las entidades del sector público pueden ayudar a fomentar la competencia en los procesos de contratación pública básicamente a través de dos formas:

Desarrollando procedimientos de contratación que ni en su diseño, ni en su desarrollo, ni posteriormente en la ejecución del contrato introduzcan restricciones injustificadas a la competencia.

Ayudando a prevenir y combatir potenciales acuerdos entre los participantes en las licitaciones para alterar las condiciones comerciales o repartirse el contrato, conocidos internacionalmente como bid rigging.

Según diversas estimaciones realizadas en el ámbito internacional, la colusión entre licitadores puede suponer que los precios de los bienes y servicios contratados se encarezcan en más de un 20%.

Autoridades de competencia de países de nuestro entorno están llevando a cabo una intensa actividad sancionadora de este tipo de actuaciones, lo que debe hacernos reflexionar acerca de la frecuencia con que tales prácticas se producen y sobre la conveniencia de facilitar a las distintas Administraciones Públicas de nuestro país tal labor de detección.

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