Según los convocantes un 62 por ciento de jueces han secundado la huelga a la que estaban llamados un total de 5.100 magistrados. El poder judicial rebaja la cifra al 41 por ciento.

El 20 de febrero se marcará en el calendario como la tercera huelga de jueces de la historia democrática española. El hartazgo que vive el sector se había manifestado a través de concentraciones, declaraciones y manifiestos. Y ha culminado con un parón que han respaldado cinco asociaciones de jueces y fiscales pero que ha contado con dos ausencias destacadas, las de las principales asociaciones de jueces y fiscales: Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales.

Se trata de un colectivo que se encuentra en un limbo legal que no les reconoce el derecho a huelga – son funcionarios y por tanto gozarían de este derecho pero a la vez, son un poder del Estado por lo que en principio, no les está permitida esta opción-. Los expertos reconocen que hay un vacío legal y es precisamente por eso que tanto en esta ocasión como en las anteriores no se han fijado oficialmente los servicios mínimos – no lo ha hecho el ejecutivo ni el CGPJ – sino que los han marcado los propios organizadores. Además tampoco se descuenta el sueldo de las nóminas.

Las reivindicaciones pasan por la retirada de la LOPJ, la paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, el incremento de la inversión pública en Justicia, la reforma de la ley del indulto, la toma de soluciones efectivas para la protección de los afectados por las ejecuciones hipotecarias y la retirada de una medida que ha acabado de sembrar el enfado en el sector: las tasas judiciales.

La jornada de huelga

Según las asociaciones convocantes – Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales – la huelga tuvo un seguimiento del 62 por ciento, es decir, que más de 3.000 magistrados habrían seguido la convocatoria. El Consejo General del Poder Judicial rebaja la cifra y sitúa el seguimiento en el 40 por ciento, es decir, que de un total de 5.015 jueces que hay en España 2.018 habrían secundado la huelga.

En los juzgados de Madrid lucía una pancarta en la que se podía leer “La justicia no se vende”, y que resume el sentir de la profesión, que hace mucho tiempo que viene protestando por las medidas de Gallardón que aseguran que politiza una justicia que ya no es para todos. Pero el parón enfadó, como se podía preveer, a la gente que tenía señalamientos y juicios que finalmente no se celebraron.

En Madrid mucha gente salía indignada y protestaba porque no les habían avisado de que el juicio no se podía celebrar. Otro ejemplo de esta suspensión lo encontramos enSevilla, pues el 80 por ciento de órganos con un solo magistrado, los unipersonales, secundaron la huelga.

A las once y media de la mañana se convocaron concentraciones ante las sedes de los diferentes juzgados. En la ciudad de la justicia de Barcelona se han concentrado un centenar de personas, entre los que había caras conocidas como el juez Josep Maria Pijoan – instructor del caso Palau y decano en funciones – que criticó que el ejecutivo “quiere que tengamos una justicia pobre, los jueces intentaremos que no sea así, pero estamos llegando a una línea roja y sinceramente, no sé si en un tiempo podremos hablar propiamente de justicia”. Se mostró especialmente dolido al hablar de la reforma de la LOPJ en lo que a jueces sustitutos se refiere. “Los juzgados están ya muy saturados, y los jueces no están preparados para asumi la doble carga de trabajo que implica esta reforma. Habrá una mayor dilación, una peor justicia y obviamente, peor vida para los jueces”.

Ausencias destacadas

La principal asociación de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, decidió no secundar la huelga. Tampoco la asociación mayoritaria entre los fiscales secundó la convocatoria.

La APM, que sí que se ha movilizado durante los últimos meses junto a sus compañeros, aseguró en un comunicado que “esta medida no es la más adecuada en la actual situación de crisis institucional por la que atraviesa el país”. A pesar de ello, en la misma nota aprovechan para criticar con dureza la reforma de la LOPJ y aseguran que tienen “un compromiso sin reservas con la defensa de la independencia judicial”.

Las asociaciones convocantes quitaron importancia a esta ausencia. De hecho, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, aseguró que “la mayoría de sus asociados harán huelga”, un extremo que no se puede confirmar con cifras, aunque lo cierto es que la APM, consciente que algunos de sus asociados quieren protestar contra las medidas de Gallardón dio libertad a los miembros de la asociación. A través de la cita nota aseguraron tener “un profundo respeto por las decisiones de sus asociados, secunden o no la huelga, y también por el resto de asociaciones judiciales con las que compartimos la oposición al anteproyecto de reforma de la LOPJ”.

Apoyo de la abogacía, consumidores, sindicatos y funcionarios

La Plataforma Justicia para todos, integrada por el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y cinco organizaciones sindicales (CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ) ha mostrado su apoyo a la convocatoria porque dicen, es necesario protestar contra un modelo de Justicia “impuesto y no negociado, contra la privatización del servicio público de la justicia y del Registro Civil, contra la Ley de Tasas y contra otras medidas improvisadas y oportunistas que están provocando el desbaratamiento de la Justicia”.

El ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció hace pocos dias una rebaja de estas tasas – concretamente una rebaja de hasta un 80% de las tasas variables aplicadas a los pleitos, la eliminacón de las tarifas en casos de desahucios de viviendas habituales y en la ejecución de laudos arbitrales de consumo, y reducir las tarifas en procesos por multas de tráfico – pero las palabras de Gallardón no convencen a la plataforma que aseguró a través de un comunicado que “el ministro acepta en horas lo que ha rechazado durante meses, negándose a dialogar con todos los colectivos jurídicos y sociales, en una unión sin precedentes, e ignorando el clamor popular que suponen las 350.000 firmas presentadas por los ciudadanos contra la Ley de Tasas”.

 Limbo legal

Determinar si los jueces y magistrados tienen reconocido el derecho de huelga no es algo sencillo. De hecho, expertos en derecho laboral y constitucional lo consideran una cuestión compleja, castigada por la falta de normativa.

Quizás por ello, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un comunicado, el pasado lunes, en el que sostenía que el ejercicio del “hipotético derecho de huelga de jueces y magistrados carece de soporte normativo” por lo que declinó fijar los servicios mínimos. Ocurrió exactamente igual en la protesta del año 2009 cuando el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernandez Bermejo, anunció que enviaría una ley al Consejo de Ministros para regular de una vez “el modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos”. Esa ley no llegó. Y todavía no existe actualmente, por lo que ha sido el propio Comité de Huelga, al igual que hizo hace cuatro años, el que ha fijado sus servicios mínimos, tramitando sólo las diligencias urgentes.

Tal y como explica la socia responsable del departamento de Derecho Laboral de Garrigues, Rosa Zarza, la regulación del derecho de huelga en España “todavía es una asignatura pendiente”. El Real Decreto que regula la cuestión es preconstitucional y “siempre que hay un gran conflicto se pone de manifiesto la necesidad de actualizar la normativa con las nuevas circunstancias”, explica.

Por un lado, el artículo 28 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores, pero se trata de un reconocimiento genérico. La cuestión estriba en determinar si incluye también a los jueces y fiscales o no, y para responder a ello existen argumentos para todos los gustos. Si consideramos que por trabajadores debe incluirse a los funcionarios públicos, los jueces y fiscales tendrían que ser titulares de este derecho. Sin embargo, Zarza indica que también es cierto que tienen una doble condición, y que al margen de ser funcionarios forman parte de un poder judicial. “Esta particularidad les distingue del resto de funcionarios públicos y les obliga a guardar una independencia e imparcialidad que no altere el ejercicio constitucional de sus poderes”, indica.

Por otro lado, también resulta polémico determinar quién debería controlar la legalidad de la huelga o quién es la autoridad competente para fijar los servicios mínimos. En definitiva, cuestiones que admiten dobles interpretaciones y sobre las que no existe uniformidad de criterios ni en la legislación europea, ni en el ámbito jurisdiccional español.

Precedentes

No hay que remontarse muy lejos para encontrar las otras dos huelgas de jueces de la historia democrática de nuestro país. Ambas tuvieron lugar en 2009 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero aunque bajo la batuta de diferentes ministros.

Febrero de 2009

La primera se convocó el 18 de febrero y obtuvo un amplio respaldo de la judicatura. El CGPJ cifró el seguimiento en el 35% mientras que los convocantes lo situaron alrededor del 62%.

Este parón contó con el apoyo de la Asociación Francisco de Vitoria y del Foro Judicial Independiente. Las otras dos asociaciones, La Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces Para la Democracia, se mostraron partidarios de una protesta más moderada, que consistía en concentraciones a mediodía ante distintas sedes de los órganos judiciales.

Se convocó como medida de presión hacia el ministerio que por aquellos entonces dirigía Mariano Fernández Bermejo, y con varias demandas sobre la mesa: un incremento presupuestario del 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, la instauración de la nueva oficina judicial y la implantación de las nuevas tecnologías, entre otras.

En aquél momento, además, el sector vivía un gran malestar por las críticas que había lanzado el gobierno contra la decisión del CGPJ de multar con 1.500 euros al juez sevillano Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el asesino – en aquellos momentos todavía presunto – de la menor de cinco años Mari Luz estuviera en libertad a pesar de tener una condena por pederastia. Al juez Tirado se le acusó de no haber ejecutado la sentencia que condenaba a Del Valle por abusos a su hija.

Tras la avalancha de críticas a la multa que impuso el CGPJ – Fiscalía y Gobierno la consideraban insuficiente – los jueces mostraron su malestar y aseguraron que para evitar casos como este hacen falta medios.

Octubre de 2009

Ocho meses después, con un cambio de ministro de por medio – Francisco Caamaño sustituyó a Bermejo – el ejecutivo español aprobó un plan de modernización con una inyección presupuestaria.

En esta ocasión, la Asociación Profesional de la Magistratura convocó en solitario una huelga al considerar que subsistían los motivos que habían llevado la profesión a un parón 8 meses atrás y porque el anunciado plan de modernización les parecía un parche a los auténticos problemas de la carrera judicial. En este caso la asociación Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente no se sumaron a la convocatoria y decidieron dar un voto de confianza al nuevo ministro.

La huelga tuvo un seguimiento mayor del esperado -del 41,2% según el CGPJ y del 35% según la asociación-.

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