«Más que asegurar el libre comercio, parece sólo intentar mantener los actuales niveles de oligopolio de la distribución comercial», lamentaron en un comunicado.

Ambas organizaciones sostienen que las licencias para la instalación de grandes superficies comerciales «aseguran la protección de intereses generales», como los urbanísticos o medioambientales.

A su juicio, la legislación española debería «aprovechar todos los resquicios» que permita la Directiva de Servicios para que los intereses socioeconómicos generales «sean también tenidos en cuenta a la hora de realizar los informes imprescindibles para la consecución de licencias».

«La CNC, con un afán liberalizador contradictorio que va más allá de las normas comunitarias, considera necesario avanzar en decisiones que serían muy perjudiciales para el comercio tradicional y para la defensa de los consumidores», advirtieron las asociaciones, en referencia a la petición de que se liberalice íntegramente la distribución de productos de consumo general en las entidades financieras o la eliminación de la prohibición de la venta a pérdida.

Según apuntaron, estas dos actuaciones «perjudican seriamente la libre competencia y tan sólo ayudan a una mayor concentración en muy pocas manos de la distribución comercial, con el consiguiente posible perjuicio a los consumidores que quedarían cada vez con una menor capacidad de opción de compra».

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